La Asamblea Ciudadana de Concordia se manifestó frente a Tribunales en contra de criminalizar la protesta social. Algunos de sus integrantes se entrevistaron con la secretaria de la fiscalía. “Le aclaramos que estábamos de manera simbólica, sabemos muy bien que el delito que se procesa es federal”, dijo Facundo Scattone ante el desconcierto de los magistrados que salían ayer de tribunales. En simultáneo, quisieron “reflejar la existencia de problemas ambientales dentro de la provincia que pueden ser competencia de la justicia provincial”.
La Asamblea pide desde hace varios días que el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, desprocese a los asambleístas que pararon los camiones que se dirigían hacia Uruguay para trabajar en exploración petrolera. “Nos imputan un delito –obstruir la ruta- que no pasó”, dijo Facundo Scattone, uno de sus referentes.
Scattone contó que dos meses antes de los incidentes en la ruta 14 que terminó con la represión de gendarmería, los asambleístas sostuvieron una conversación con el fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez y les dijo que la fiscalía puede actuar de oficio cuando detecten indicios de delitos ambientales. Mencionó los efluentes del parque industrial, el verdín del lago, los desagües cloacales a cielo abierto que van directamente al río.
Por ende, añadió, la justicia local “está al tanto y nos abre la posibilidad de una próxima instancia para ir a fiscalía y entre todos presionar para que empiecen a investigar”.
“También dejamos en claro que a diferencia del contexto que se está dando a nivel nacional en una especie de enfrentamiento entre el poder judicial y el poder político, en estas cuestiones hay una connivencia para garantizar esta especie de modo de producción”, dijo en alusión al fracking.
En ese marco, invitaron a los funcionarios judiciales a las asambleas que organizan los miércoles en el gazebo de la plaza 25 de Mayo.
EL CASO
En agosto del año pasado los ambientalistas desviaron a la banquina cuatro camiones que transportaban equipos para exploración sísmica cuyo fin era encontrar yacimientos de petróleo bajo el Acuífero Guaraní en la zona de Salto y Piedra Sola de la República Oriental del Uruguay.
Horacio De Carli, Facundo Scattone, Francisco Larocca, César Pibernus y Bernardo Zalisñak, todos ellos ambientalistas de Concordia, Colón y Chajarí, fueron procesados por el juez Seró por el delito de “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre”.
Ahora el caso está en manos de la Cámara de Apelaciones de Paraná. Cumplidos los plazos legales los abogados defensores presentarán sus alegatos y la idea de los asambleístas es movilizarse hasta Paraná y presionar. “Esperamos el sobreseimiento. Nuestra postura es que la protesta social no debe ser criminalizada. Y alegamos que hay tantas fallas en el procedimiento que la causa es nula y además de eso no cometimos delito”, cerró Facundo Scattone.
