La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos intimó a las autoridades del Iosper a regularizar el pago de una deuda de 28 millones de pesos. Si no paga, el 24 de mayo 300 mil afiliados quedarán sin cobertura.
El reclamo llegó a las oficinas centrales del Iosper, en calle Andrés Pazos, con un ultimátum: si para el 23 del actual esa deuda millonaria no está saldada, los sanatorios cortarán las prestaciones a los casi 300 mil afiliados que tiene la obra social en todo el territorio provincial, y a partir del día 24 serán considerados como pacientes particulares.
El presidente de la Acler, Ramón Víctor Lozze, envió la intimación a las autoridades del Iosper, pero también a los sindicatos que agrupan a los afiliados de la obra social. Allí, planteó que la obra social “viene incumpliendo con sus obligaciones de pago a su cargo y a la fecha mantiene una deuda con los efectores privados del servicio de salud de toda la provincia de Entre Ríos que alcanza a casi veintiocho millones de pesos, correspondientes a las prestaciones brindadas a sus afiliados sindicatos en los períodos: saldo diciembre /2014, enero y febrero/2015 y marzo de 2015”.
El texto de la presentación, fechado el 7 del actual, subraya que esa situación “afecta inexorablemente la viabilidad y sustentabilidad en el desarrollo del servicio de salud que nuestros representados (sanatorios y clínicas) brindan a todos los afiliados a su sindicato en el territorio de la provincia, no permitiendo a los prestadores del servicio de salud cumplir cabalmente con las asignaciones intrínsecas propias de la actividad sanatorial”.
En ese marco, los sanatorios han intimado al Iosper “bajo apercibimiento de suspender el crédito prestacional para todos sus afiliados a partir del día 23 de mayo de 2015, considerando a partir de esa fecha a sus beneficiarios afiliados en condición de pacientes particulares”.
Al respecto, las clínicas hicieron notar “la inconducta” y el “incumplimiento” por parte de Iosper de las obligaciones de pago asumidas.
Desde el Iosper, el presidente, Fernando Cañete, ha dicho que los recursos son ajustados y parten de la reticencia del Gobierno de reintegrar un aporte del 2% por los jubilados que se suprimió en la década de 1990.
“Le estamos pidiendo a la patronal un punto más, para llegar al 5 por ciento, lo que representaría 10 millones de pesos mensuales más, que nos permitiría contar con los recursos necesarios para tener solvencia y cubrir el déficit”, ha dicho Cañete, en un reclamo dirigido al Gobierno.
Aunque también rechazó la intimación de las clínicas. Cañete sostuvo que “no me cabe ninguna duda que algún empresario esté buscando elementos para poder justificar un corte de servicio, esto ya lo he hablado, hasta inclusive con el propio presidente del ACler, el doctor Víctor Lozze”.
Aunque por delante, más que una discusión, el Iosper tiene una intimación de pago de una deuda de 28 millones que, de no saldarse, derivará en el corte de prestaciones a los afiliados de la obra social provincial.
