(Por Guillermo Pérez) Cada tanto, Vialidad Nacional difunde que se ha multado a la concesionaria de la ruta nacional 14 por algún incumplimiento. De acuerdo a los datos difundidos, las multas ya suman cerca de 400 millones de pesos según Vialidad porque la empresa no cumplió “con la premisa de ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el corredor y toda otra tarea para que brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort”.
El próximo 31 de octubre de este año vence el contrato de concesión del llamado Corredor Vial 18 en manos de Caminos del Río Uruguay SA desde septiembre de 1990.
Tras sucesivas renegociaciones y prórrogas, para este vencimiento el Estado nacional en su carácter de concedente no abrió ninguna instancia de negociación y en su lugar inició una seguidilla de penalizaciones a la empresa por incumplimientos contractuales que a agosto del año pasado sumaban 27 sanciones por más de 365millones de pesos, en 13 meses.
El jefe del Distrito 17º Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, dijo que la actual concesionaria de la ruta 14, “acumula cerca de mil millones de pesos en multas”. “Estamos siendo muy severos con las multas a la empresa por no haber mantenido la cinta asfáltica”, dijo Koch.
En declaraciones a la radio LT11 de Concepción del Uruguay, Koch afirmó que “la concesión termina en junio de este año y estamos trabajando, a pedido de casa central de Vialidad Nacional, en una valoración de la ruta para que, de acuerdo a eso, vayamos preparando los distintos proyectos para llamar a licitación”. Precisó que si bien el contrato vencerá en el sexto mes del 2023, el llamado a licitación se publicaría durante el primer trimestre “teniendo en cuenta que la necesidad es urgente”.
TRES ALTERNATIVAS
Dijo que para esta nueva etapa, Vialidad Nacional baraja tres alternativas: “Una alternativa es que la conservación de la ruta quede en manos del Distrito 17º de Vialidad, porque eso nos haría más fuertes y tendríamos la posibilidad de tener más sentido de pertenencia en una arteria tan importante y neurálgica como es la ruta 14”.
Otra opción sería “llamar a una nueva licitación y hacer una nueva concesión”.
Y la tercera alternativa, “que puede ser mixta, que una empresa del Estado, que hoy está trabajando en corredores viales, tome la concesión y le dé la conservación a Vialidad o la tercerice como en otras provincias”.
La empresa del Estado a la que se refería es a Corredores Viales S.A.una empresa íntegramente estatal cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas con el 51% y Vialidad Nacional con el 49%, constituida en el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.
De acuerdo con lo que informa Vialidad Nacional es su página web, las únicas rutas que no están en manos de Corredores Viales S.A. son los accesos norte y oeste a la Ciudad de Buenos Aires (a cargo de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste S.A. respectivamente) y el corredor vial 18, a cargo de Caminos del Río Uruguay SA.
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto Nº 2.039 de fecha 26 de septiembre de 1990, otorgó a la empresa Caminos del Río Uruguay S.A. de Construcciones y Concesiones Viales la Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor Vial Nº 18, perteneciente al Grupo V de la Red Vial Nacional.
Ese corredor comprende desde Zárate,en el empalme de la ruta nacional N°193 con la ruta nacional Nº12 hasta el kilómetro 496,35 de la ruta nacional Nº 14 en el empalme con el Puente Internacional Paso de los Libres, incluyendo ese puente, el inicio del Puente Internacional Artigas, en Colón, el acceso a la represa de Salto Grande y toda la ruta nacional A015. Y en agosto de 2014 se le agregó la concesión de la conexión Victoria – Rosario, después de que la empresa alemana concesionaria abandonó la operación.
Por el Decreto Nº 1.019 del 6 de septiembre de 1996, se aprobó el Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión y se estableció su duración hasta 2018 y hubo luego una prórroga por cinco años, que finalizan el 31 de octubre de 2023, según la legislación disponible.
En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner avanzó en la reformulación de los contratos firmados en el contexto de las privatizaciones de la gestión de Carlos Menem con una retórica nacionalista y popular y obligó a las empresas a firmar nuevas condiciones para mantenerse en el negocio. Por ejemplo, todas las garantías de contrato que se habían establecido en dólares estadounidenses en los contratos originales fueron pesificados en relación un peso = un dólar, cuatro años después de la devaluación.
Tras un año de negociaciones, en diciembre de 2006 se ratificó por decreto un Acta Acuerdo y la Addenda – Rectificatoria al Acta Acuerdo de Renegociación Contractual, suscriptas por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la Empresa Concesionaria Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima, con base en la ley de emergencia que se había sancionado a fines de 2001.
Allí se estableció un nuevo plan de inversiones, se establecieron las penalidades y se fijó una Tasa Interna de Retorno que ya no sería en dólares estadounidenses. Se rediscutió el plan de obras, se determinó el compromiso de evaluar la reincorporación al Plan de Inversiones de la Concesión de las obras correspondientes a la finalización de la autopista Ceibas – Gualeguaychú y se fijaron los términos para la construcción de la Autopista Gualeguaychú – Paso de los Libres, cuyo costo y construcción estaría íntegramente a cargo del Estado, pero cobrada por el concesionario.
Dice el acuerdo “Los gastos que demanden al CONCESIONARIO la cobranza, mantenimiento y conservación de la nueva obra, así como todas las erogaciones con motivo de o vinculadas a ella, serán debidamente contemplados en el marco de futuros procesos de renegociación entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, con motivo de la incorporación progresiva de los tramos de la obra al corredor”.
Aquelacuerdo, firmado por el presidente Néstor Kirchner y el entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández, además del administrador de Vialidad Nacional, Nelson Periotti y el ministro Julio de Vido, eliminó los privilegios de los contratos en dólares pero estableció dos aspectos muy redituables para ulteriores demandas: las penalidades quedaron establecidas en función de la evolución de las tarifas, políticamente frenadas para evitar el impacto sobre los usuarios y en cambio los resarcimientos a la empresa concesionaria serán actualizados de acuerdo a los índices del costo de obras determinados por el Indec, contando desde el año 2002. La empresa quedaba habilitada para pedir actualizaciones tarifarias a partir de una variación original del 10% sobre el costo de ese momento y el Poder Ejecutivo estaba obligado a responder en un plazo no mayor a 120 días.
Se firmó también que “como condición previa para la entrada en vigencia del Acuerdo de RenegociaciónContractual, el CONCESIONARIO deberá renunciar a realizar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundada en la situación de emergencia establecida por la Ley Nº 25.561 sobre el CONTRATO DE CONCESION, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior, debiendo obtener similares RENUNCIAS por parte de sus accionistas. Esta renuncia deberá entenderse como un desistimiento total del derecho de accionar, el que ya no podrá ser ejercido en lo sucesivo”. Mientras dure el contrato de concesión.
DEMANDAS CRUZADAS
En este contexto, a la parva de multas que le ha confeccionado el Estado al concesionario, éste ya tiene su propia batería de demandas preparadas, las que podrían llegar incluso antes de la finalización del contrato en octubre de este año. La falta de actualización tarifaria figura como la principal causa de reclamo por parte del concesionario.
DETERIORO
Mientras tanto, la ruta avanza en su constante deterioro producto de la falta de mantenimiento de fondo, agravando los niveles de riesgo para los usuarios.
En la ruta 14 al norte de Monte Caseros, los tramos convertidos en autopista entre Concordia y Federación están todavía en etapa de garantía porque no fueron recibidos por Vialidad por presuntas deficiencias, con lo cual no pueden ser reparados por Caminos del Río Uruguay porque no le fueron traspasados.
