Los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo ordenaron, a primera hora de este lunes, ocho allanamientos a familiares directos del ex gobernador Sergio Urribarri, como parte de la investigación por los delitos de corrupción, tras una presentación de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.
La serie de medidas en los domicilios de Juan Pablo Aguilera -cuñado de Sergio Urribarri-, como así también en los socios o testaferros del actual secretario de la Cámara de Senadores de la provincia, se concretó con personal de la Delegación Paraná de la Policía Federal, para que no haya intromisión en la medida judicial, ya que uno de los denunciados es el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, jefe político de la Policía de Entre Ríos.
Uno de los allanamientos se hizo en la imprenta de Aguilera, ubicada en calle Racedo, frente al Centro Cultural Juanele. La esposa de Aguilera figura como socia de la empresa Tep SRL, ubicada en el inmenso galpón de Racedo 415 de Paraná, que también entre 2011 y 2015 cobró cerca de 20 millones de pesos del Estado entrerriano, por la realización de cartelería de la más variada. De hecho, se conformó para hacer pura y exclusivamente negocios con el Estado. Por eso fue que hicieron una inversión millonaria en dólares, a poco de asumir Urribarri su primer mandato, trayendo una maquinaria de última generación, que no hay en la región y que llegó desde el exterior, para ser instalada en un galpón de más de 30 metros.
Quienes revisaron su facturación casi no encontraron boletas para empresas privadas, por ejemplo. Solamente organismos provinciales y algunos municipios entrerrianos o de la vecina provincia de Santa Fe. El «socio» de la empresa es el diseñador gráfico Emiliano Oscar Giacopuzzi, otro amigo de Aguilera.
UN ENTRAMADO DE RELACIONES
Lo saliente del caso es que ni Sena -con la primera sociedad- ni Giacopuzzi son gente con algún capital o bien inmueble. Todo el dinero salió del Estado para armar las empresas que lucraron con el gobierno entrerriano. O sea: Aguilera, con sus aliados en las reparticiones del Estado, siempre hizo esos negocios de los dos lados del mostrador, imponiendo su poder y los números más convenientes.
El resto de las operaciones comerciales Aguilera las concretó a través de Next SRL, donde los socios que aparecen son Maximiliano Romeo Sena, de General Campos y amigo personal de Aguilera y Alejandro Luis Almada, oficial de la Policía de Entre Ríos desde 2006 y ahora uno de los custodios personales de Sergio Urribarri, aunque también suele acompañar a algunos lugares al ministro Mauro Urribarri.
Almada tiene la particularidad de ser el cuñado de Aguilera, quien está casado con su hermana, Luciana María Belén Almada. El joven Almada, desde 2009, en que abrió una librería, viene haciendo negocios con el Estado, pese a la incompatibilidad que tiene. Los Almada son hijos de Luis Héctor Pitín Almada, ex policía, exonerado a principios de los ’90 (por dos graves causas judiciales, que terminaron condenándolo a prisión) y premiado con la varita mágica de Urribarri, para su reincorporación a la fuerza como subcomisario e inmediatamente ascendido a comisario general, para ser luego retirado con todos los honores. La empresa Next SRL era propietaria de la librería de Monte Caseros y Gualeguaychú, que cerró a principios de este año, aunque siguieron facturando al Estado.