Un integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) solicitó información sobre el sueldo que cobra el presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, confirmó AIM. El pedido se realizó en el marco de la causa por la inconstitucionalidad de la designación del funcionario, ya que no se siguieron los pasos establecidos en la Constitución provincial. El ex ministro del gobierno de Sergio Urribarri cobra lo mismo que un vocal de la corte.
El vocal del STJ Carlos Chiara Díaz –quien es el primero de los siete que deberá emitir su voto en la causa Smaldone- solicitó que, antes de sentenciar, el director de Liquidaciones de la provincia informe “si el sueldo que cobra Smaldone está equiparado a los jueces y cuáles son los componentes que integran el sueldo como presidente del Tribunal de Cuentas”, corroboró.
Precisamente, los datos que se otorgaron y se adjuntaron al expediente develan que Smaldone “cobra lo mismo que un vocal del STJ menos un concepto que es estrictamente para todos los del Poder Judicial”.
La información surgió a partir de la acción por omisión que se presentó contra el Estado provincial en abril de 2014 que está en estado para dictar sentencia sobre el fondo del asunto que busca declarar la inconstitucionalidad de la designación de Smaldone -hijo del actual vocal del STJ Juan Ramón Smaldone- como presidente del Tribunal de Cuentas, anular misma y ordenar al gobernador Sergio Urribarri a convocar a un concurso público como lo ordena el artículo 217 de la Constitución provincial para llenar la vacante que en su momento provocó la renuncia de Hugo Molina.
El asunto parece simple y el planteo judicial formalizado es claro y -al decir de juristas y constitucionalistas consultados- de una impecable lógica jurídica y pureza constitucional. Sin embargo, el asunto medirá si existe la “mayoría automática” de los miembros del STJ con los deseos del poder Ejecutivo o si los máximos jueces provinciales se apegarán a la letra y el espíritu de la Constitución provincial. Lo cierto es que los jueces tiene 45 días hábiles para pronunciarse sobre el planteo y ese plazo está ya agotado o presto a vencerse y aún no hay respuestas.
