Con una evocación inevitable a los viejos conflictos de la literatura gauchesca, el campo entrerriano volvió a plantear una deuda histórica: que el abigeato, la carneada clandestina y los ataques a la producción dejen de perderse en los laberintos de la Justicia. Dirigentes agropecuarios, autoridades judiciales y Fuerzas de Seguridad avanzan en la elaboración de un proyecto de ley para crear fiscalías dedicadas exclusivamente a los delitos rurales.
Hay historias que parecen escritas hace más de un siglo, pero que todavía encuentran capítulos por contar en los caminos de tierra, las tranqueras y los corrales de la Entre Ríos profunda. El robo de ganado, la carneada clandestina y la indefensión del productor frente a quienes convierten el esfuerzo ajeno en botín tienen algo de aquellas páginas de Martín Fierro, donde José Hernández retrató una campaña atravesada por la injusticia, la arbitrariedad y la ausencia de una autoridad capaz de garantizar derechos.
El tiempo pasó, cambiaron las leyes, se modernizaron los sistemas productivos y llegaron nuevas tecnologías para identificar y rastrear la hacienda. Sin embargo, hay problemas que parecen resistirse al paso de las generaciones. En Entre Ríos, el delito rural continúa siendo una preocupación persistente y el sector agropecuario busca que la respuesta institucional esté a la altura de una realidad que no admite más postergaciones.
Con ese objetivo, representantes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace de Entre Ríos mantuvieron una reunión de trabajo con el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García, y la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. También participaron el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González; y el director de Prevención de Delitos Rurales (Abigeato), comisario Cristian Allegrini, junto con otros funcionarios provinciales.
El encuentro tuvo un propósito concreto: intercambiar propuestas y avanzar en la elaboración de un proyecto de ley provincial que permita crear fiscalías especializadas en delitos rurales. Una herramienta que, desde la perspectiva de las entidades agropecuarias, permitiría fortalecer las investigaciones, agilizar los procesos judiciales y mejorar la coordinación entre los organismos responsables de prevenir y perseguir el delito.
La iniciativa busca que el campo tenga una respuesta judicial específica, con funcionarios dedicados a comprender las particularidades de una actividad en la que las distancias, la extensión territorial, la circulación de hacienda y las dificultades para reunir pruebas suelen convertirse en obstáculos adicionales para llegar a la verdad.
De Martín Fierro a los expedientes judiciales
En “El gaucho Martín Fierro” y, especialmente, en “La vuelta de Martín Fierro”, José Hernández dejó retratada una sociedad rural en la que la cuestión de la propiedad del ganado, el cuatrerismo y las prácticas de supervivencia convivían con un sistema judicial y policial que muchas veces aparecía más asociado a la arbitrariedad que a la protección de los derechos.
Los consejos de Vizcacha y las peripecias de Picardía reflejan, desde la ironía y la picaresca, un universo donde las marcas, las señales y la hacienda podían convertirse en instrumentos de supervivencia, pero también de engaño y apropiación.
Naturalmente, la realidad productiva y jurídica de nuestros días es otra. La propiedad está delimitada, la trazabilidad ganadera permite identificar animales y los delitos tienen consecuencias penales concretas. Pero, aquellas obras siguen ofreciendo una clave para comprender por qué la relación entre el mundo rural, la autoridad y la Justicia forma parte de una discusión histórica en la Argentina.
La diferencia que pretende introducir el proyecto entrerriano es precisamente esa: que el productor no quede librado a la suerte de una denuncia que se diluye entre expedientes, jurisdicciones y dificultades operativas, sino que encuentre una estructura judicial preparada para abordar las particularidades del delito rural.
Para la Mesa de Enlace se trata de algo más que crear una figura institucional mediante una ley. Eso por sí mismo no garantiza nada. Para que esa estructura funcione, se necesitan recursos, personal capacitado, presencia territorial, coordinación con las Fuerzas de Seguridad y continuidad en el tiempo.
Ese es uno de los desafíos que enfrenta Entre Ríos: evitar que la iniciativa termine convertida en una declaración de buenas intenciones y conseguir que las Fiscalías especializadas tengan capacidad real de intervención.
La inseguridad rural, además, presenta particularidades que exceden el abigeato tradicional. El sector productivo viene reclamando respuestas frente a diferentes modalidades de vandalismo y ataques contra instalaciones, alambrados, maquinaria e infraestructura productiva. En paralelo, a nivel nacional, se busca avanzar con modificaciones legislativas para incorporar distintas conductas de vandalismo al Código Penal.
En ese escenario, la especialización judicial aparece como una herramienta para complementar las reformas normativas y mejorar la capacidad de respuesta del Estado.
Las cuatro entidades detrás de una misma propuesta
La iniciativa cuenta con el respaldo de las cuatro organizaciones que representan al entramado agropecuario entrerriano y que integran la Mesa de Enlace: la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), vinculada a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), integrante de Coninagro; la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina (FAA).
La articulación entre estas entidades busca darle volumen institucional a un reclamo que atraviesa a productores de distintas escalas y actividades desde hace generaciones.
Desde la Mesa de Enlace destacaron que la creación de Fiscalías especializadas constituye una herramienta fundamental que permitirá fortalecer las investigaciones, agilizar las causas judiciales y mejorar las respuestas frente a la inseguridad que afecta al campo entrerriano.
También remarcaron la importancia de sostener un trabajo coordinado entre las entidades agropecuarias, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas de Seguridad.
“La articulación sostenida entre las entidades agropecuarias, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas de Seguridad constituye el camino correcto para diseñar medidas efectivas, optimizar la prevención y persecución del delito rural y brindar mayor tranquilidad a los productores y sus familias”, expresaron.
El planteo encierra una cuestión central: la seguridad rural no puede depender exclusivamente de la capacidad de reacción de la Policía ni del esfuerzo individual de cada productor para reunir pruebas y sostener una denuncia. Requiere una política institucional que integre prevención, investigación y persecución penal.
Que la ley no quede en letra muerta
Ahora comienza una etapa decisiva. El desafío será transformar los consensos alcanzados en un proyecto legislativo que contemple las necesidades del territorio y, fundamentalmente, que pueda traducirse en una estructura operativa.
La Mesa de Enlace expresó su expectativa de que el trabajo conjunto permita convertir las propuestas consensuadas en iniciativas legislativas concretas en el menor tiempo posible, para ofrecer respuestas a una problemática que preocupa y afecta a las comunidades rurales de Entre Ríos.
En definitiva, el campo no está reclamando un privilegio, sino una respuesta institucional acorde con la dimensión de los problemas que enfrenta. Cada animal robado, cada instalación destruida y cada denuncia que no encuentra resolución representan mucho más que una pérdida económica: afectan la confianza, condicionan las decisiones productivas y deterioran la vida cotidiana de quienes habitan y trabajan en la ruralidad.
Quizás, si José Hernández volviera a recorrer la campaña entrerriana, encontraría que algunas de las viejas preocupaciones de sus personajes todavía tienen eco en las conversaciones de los productores. Pero, también podría advertir una diferencia sustancial: hoy el reclamo no se expresa desde la resignación del gaucho perseguido, sino desde la organización de un sector que busca sentarse a la mesa de las instituciones para construir soluciones.
Porque si en los tiempos de Martín Fierro la injusticia se escribía muchas veces con la marca de una autoridad arbitraria, en la Entre Ríos de hoy el desafío es que la marca del Estado sea otra: la de una Justicia presente, especializada y capaz de proteger a quienes producen. Y, sobre todo, que esta vez la historia no termine en los versos de una denuncia, sino en hechos concretos.
Fuente: Análisis Digital
