El proyecto de regularización dominial del diputado provincial Diego Lara seguirá en comisión y no tendrá tratamiento hasta después del 9 de agosto, ya que no hay sesiones previstas antes de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). La iniciativa plantea la adhesión a la llamada “Ley Pierri”, número 24.374, que permite escriturar un inmueble a favor de su ocupante tras tres años de posesión pacífica pero no logró dictamen favorable y se buscarán incorporar sugerencias de la escribanía mayor de gobierno.
El proyecto propone adherir a una norma nacional sancionada en épocas del ex presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri y del ex titular del Ejecutivo nacional Carlos Menem (24374/1994), modificada por la Ley 26493 del 2009, cuyo artículo 1º establece: “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años con anterioridad al 1º de enero de 2009, respecto de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente y reúnan las características previstas en la reglamentación. En las mismas condiciones podrán acceder a estos beneficios los agricultores familiares respecto del inmueble rural donde residan y produzcan”.
La implementación de la “Ley Pierri” no estuvo exenta de polémicas y seguramente tampoco lo estará en Entre Ríos. No es casual que, aún en una Cámara tan acostumbrada a los tratamientos express de megaproyectos como la Ley de Acueductos o la reforma tributaria, este proyecto no haya salido de comisión.
¿Quién garantiza que no se puedan cometer arbitrariedades en contra de legítimos propietarios? ¿Cuál será la autoridad de aplicación? El texto de Lara prevé la creación de una unidad ejecutora encabezada por el ministro de Planificación (hoy Juan Javier García), acompañado por el Escribano Mayor de Gobierno, Gregorio Francisco Gastaldi, -con algunos asuntos penales todavía sin resolver- y por Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que, según versiones, tendría un claro inventario de los bienes del dominio privado del Estado Provincial que podrían ser objeto de “transferencia de dominio” a favor de particulares.
Para dar curso a las transferencias de dominios, la Unidad Ejecutora contará con el aval de escribanos que se anoten en listas que manejará el propio Gastaldi.
Como siempre, los tiempos electorales marcan los ritmos legislativos y –más allá de las controversias que de por sí trae aparejadas la cuestión- a la inversa de lo que suele ocurrir con los proyectos del ejecutivo, pareciera que ningún legislador quiere poner las manos en el fuego por un tema tan escabroso que podría distraer su atención –y aún peor- dejarlo mal parado a tan pocos días de una elección.
