El gobernador Rogelio Frigerio enunciará ante la Asamblea Legislativa el próximo miércoles los aspectos centrales de la Reforma Previsional que planea, que genera tensiones con el gremialismo aún sin conocer los detalles.
Este domingo debería escucharse el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana, de acuerdo con lo que establece la Constitución de 2008. Sin embargo, debido a que la fecha coincidió con el domingo en medio del fin de semana largo de Carnaval, las autoridades prefirieron correrlo al primer día hábil siguiente. Los dos días más de trabajo previo vienen bien para la agenda cargada.
La situación económico – financiera de la provincia, la vuelta a los mercados para reperfilar la deuda, la relación con los gremios y con el gobierno nacional serán algunos de los temas a abordar. Pero después de la Reforma Política que derivó en la incorporación de la Boleta Única de Papel, hay otras dos que el Gobierno tiene en carpeta: la Constitucional, empujada por algunos sectores del gobierno encabezados por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y la Previsional, en la que trabajan todas las áreas técnicas afines y que le quita al sueño al propio gobernador desde mucho antes de asumir su mandato.
De acuerdo a fuentes extraoficiales, el anuncio de la Reforma Previsional verá la luz este miércoles frente a los senadores y diputados provinciales. El tema genera tal urticaria en los gremios que ante la sola mención se apuran a rechazarlo, aún sin conocer los detalles.
La reforma que comenzó el año pasado con la modificación de los aportes dentro del margen permitido por la ley actual, avanzará ahora en en un proyecto de ley que garantizará el 82 por ciento móvil.
El Artículo 41 de la Constitución de Entre Ríos establece el Derecho a jubilaciones y pensiones: “Los funcionarios y empleados permanentes, provinciales, municipales, comunales, o en su caso, los herederos que determine la ley de la materia, tendrán derecho a jubilación, pensión o seguro. La ley será dictada con sujeción a normas técnicas que tengan en cuenta el principio de la proporcionalidad entre los aportes y beneficios, el tiempo de los servicios y la edad de los beneficiados, sin excluir los aportes del Estado, de las municipalidades y las comunas. La ley establecerá bases especiales para el caso de accidentes ocurridos con motivo de la prestación del servicio.”
Este artículo no fija un porcentaje específico (como el 82 % móvil), pero sí garantiza en el nivel constitucional el derecho a jubilación y pensión con criterios de proporcionalidad entre aportes y beneficios, y obliga a la Legislatura provincial a dictar la ley que lo desarrolle conforme a esos principios.
El 82 % móvil no está literalmente en la Constitución provincial, sino en la Ley Provincial N.º 8.732 (Régimen General de Jubilaciones y Pensiones) de 1993 durante la gobernación de Mario Armando Moine, que es la norma que desarrolla el sistema previsional de la provincia conforme al mandato constitucional.
Esa ley, en sus artículos que regulan el cálculo del haber inicial jubilatorio, fija que el haber inicial se calcula sobre un porcentaje del promedio de remuneraciones, que actualmente se entiende en la práctica como el 82 % móvil, y ese régimen está protegido por la interpretación judicial y doctrinal provincial como contenido del derecho jubilatorio garantizado por la Constitución.
Según adelantos que publicó el sitio Página Política, la modificación de la Ley 8732 tiene entre los puntos más salientes el incremento de la edad, un cambio que se daba por hecho por la expectativa. Se pretende reformular el artículo 36° de la norma vigente que en la actualidad otorga el derecho a la jubilación ordinaria común los hombres que hubieran cumplido 62 años con 30 de servicio, mientras que las mujeres con 57. La reforma equipara las edades al sistema nacional: 65 años para los hombres y 60 las mujeres.
Respecto a la jubilación ordinaria especial (docentes y policías), tendrán acceso a la jubilación los hombres que alcancen la edad de 57 años (hoy 54) y las mujeres 55 (hoy 52). En ambos casos con 25 de servicio. Los trabajadores de salud mental con 50 años (hoy 45) y 25 de servicio frente a pacientes.
Otro punto relevante es la incorporación al régimen previsional de trabajadores en relación de dependencia con el Bersa, Sidecreer y Enersa; incluyendo los niveles gerenciales en todas sus estructuras. En la actualidad estos sectores aportan a la Anses. Con la ola privatizadora, hace 30 años, los empleados de la entidad financiera y empresa de energía dejaron de aportar a la provincia para hacerlo en la Anses, pero la mayoría quedaba con caja otorgante en Entre Ríos.
Desde entonces se vienen jubilando por la provincia por tener más años de aporte en la Caja de Jubilaciones. Hoy tiene 800 jubilados de Enersa y 1.100 bancarios, lo que implica 5 mil millones por mes en jubilaciones sin aportantes.
La explicación de esta reforma- esto es la incorporación de esos trabajadores- es que se trata de activos que, en los próximos años, fortalecerán el sistema por sus aportes. Toda esta normativa queda condicionada a la relación de acuerdos entre la Provincia y la Anses.
El Poder Judicial se rige por la Ley de Enganche, una norma impulsada por el gobierno de Sergio Urribarri en el que los integrantes de ese poder (funcionarios y trabajadores) actualizan sus salarios según el porcentaje que dictamina la Corte Suprema de Justicia de la Nación y homologa el Poder Ejecutivo Nacional. Entre Ríos sólo abona. La hoja de ruta del Gobierno indica desenganchar a los pasivos. En este caso, la actualización de la jubilación estará atada a los incrementos que la Provincia otorgue al sector público.
El concepto de enganche debe subrayarse. Este concepto es el que – entiende Bagnat -desequilibra también el sistema cuando al pasivo se le computa un ítem por un servicio que no prestó ni aportó. (Con información de Página Política)
