La reconstrucción de un día que pasó de la euforia a la desazón por los arrestos que no fueron. Acusaciones cruzadas y pases de facturas.
Todo indicaba que sería un día en el que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal podrían anotarse una victoria, tras dos semanas de desgaste político por la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Pero la detención de Martín Lanatta, que ayer todos confirmaron, y las de Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, que nunca ocurrieron, dejaron expuestos errores de comunicación del gobierno; las debilidades de las fuerzas de seguridad y de las áreas de inteligencia, como así también la dificultad de coordinar la actuación gubernamental.
La «pista falsa» que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asumió que le plantaron para desviar la investigación se produjo en medio de una descoordinación general de los distintos elementos que operaban en Santa Fe. Allí trabajaban juntos la Policía de Santa Fe, Gendarmería, efectivos de Policía Federal y personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Recién a las 21 se supo dónde había surgido el error que «arruinó» el día de euforia. Si bien la ministra se hizo cargo, durante todo el día, tanto las fuentes judiciales, como las políticas y las policiales del ámbito nacional y del santafesino coincidieron sobre que eran tres los detenidos. Todos los medios reprodujeron esa información, como así también las declaraciones de los políticos que formalmente confirmaban que habían sido recapturados, vivos, los Lanatta y Schillaci.
Del presidente Mauricio Macri, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña felicitaron a los que habían intervenido en el operativo de búsqueda de los prófugos. El juez federal Sergio Torres, que había conducido un allanamiento sin avisar a la policía ni al gobierno de Santa Fe, llegó a firmar un escrito dando por hecho la detención de los tres sin otra notificación que un llamado telefónico de Bullrich.
Pero antes, la Policía de Santa Fe había confirmado de manera oficial que tenía alojado en Cayastá, un pequeño pueblo de arrozales, a Martín Lanatta, pero nadie más y que, en caso de existir otra detención, debían ser por parte de fuerzas federales. Cuando cerca de las 15 horas el jefe de la fuerza, Rafael Grau, aclaró que no había nadie más preso, todo cambió.
Gendarmería, que tuvo dos uniformados heridos por los sicarios prófugos, era señalada como la fuerza que podía tener a Cristian Lanatta y Víctor Schillaci. Tanto los voceros del Ministerio de Seguridad de la Nación y su homólogo provincial expresaban su desconcierto y recordaban que «hasta el juez Torres dice que están detenidos».
Pasadas las 17, el Ministerio de Seguridad provincial insistía con que no había más detenidos que Lanatta, una versión que era apoyada desde lo más alto del gobierno del socialista Miguel Lifschitz. Pocos minutos después, se confirmaba lo que era un hecho: un error de información, de origen desconocido, echaba por tierra de manera definitiva las detenciones de Cristian Lanatta y de Schillaci.
Hasta que Bullrich, en la conferencia de prensa que dio en Santa Fe, se hizo cargo del error, desde la justicia federal, el gobierno provincial y el gobierno nacional ensayaron una serie de hipótesis e, incluso, no faltaron los pases de facturas. Se llegó a desconfiar de la policía provincial y hasta se habló de un supuesto recelo por no haber sido notificados del allanamiento del jueves, cuando en San Carlos una patrulla de gendarmes se tiroteó con los prófugos. La orden la había firmado Torres.