Entre febrero y septiembre de 2026 se iniciaron 225 causas bajo esa categoría judicial, frente a 41 en igual período de 2024. El crecimiento también se refleja en expedientes por sobreendeudamiento de trabajadores y en procedimientos concursales de empresas.
Las estadísticas judiciales de Entre Ríos registran un aumento de las causas iniciadas en la categoría «Concursos/Quiebras». La comparación de los mismos ocho meses de cada año permite observar la evolución de las presentaciones sin mezclar períodos de distinta extensión.
En 2025 se iniciaron 75 causas más que en 2024. En 2026, la diferencia respecto del año anterior llegó a 109. En dos años, el total pasó de 41 a 225, con un incremento de 448,8%.
La estadística corresponde a causas iniciadas bajo la categoría judicial «Concursos/Quiebras». No representa exclusivamente quiebras declaradas ni permite establecer, por sí sola, cuántas personas o empresas se encuentran en situación de insolvencia. Para determinar los resultados de los procedimientos es necesario examinar las resoluciones judiciales.
Sobreendeudamiento de trabajadores
Una de las expresiones de las dificultades financieras que llegaron a los tribunales entrerrianos es el endeudamiento de trabajadores cuyos ingresos quedan comprometidos por descuentos salariales, cuotas de préstamos y débitos automáticos.
El 24 de abril de 2026, UNO Entre Ríos publicó casos de empleados públicos que solicitaron su propia quiebra. Entre ellos, una trabajadora provincial con un pasivo de aproximadamente $12,6 millones y un salario cercano a $1,192 millones, sobre el que se aplicaban descuentos por unos $952.000. Otro caso correspondía a un policía de Paraná cuyo salario bruto rondaba los $1,137 millones, pero al que los descuentos dejaban alrededor de $40.000 disponibles.
El 2 de abril, Análisis Digital había abordado el mismo fenómeno a partir de testimonios de trabajadores y especialistas. La publicación también reseñó un relevamiento del Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (CISPER), realizado sobre unos 200 trabajadores, según el cual alrededor del 60% de los ingresos se destinaba en promedio al pago de deudas. En los sectores de menores ingresos, esa proporción superaba el 70%.
Por su parte, Entre Ríos Ahora informó sobre las diferencias de criterio judicial ante los pedidos de quiebra de empleados públicos. En uno de los expedientes, un trabajador del Senado provincial declaró un pasivo de $14,804 millones. La primera instancia rechazó su solicitud por cuestiones documentales, pero la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó dar trámite al pedido. El medio también describió controversias sobre los descuentos salariales y las alternativas judiciales para abordar el sobreendeudamiento.
Estos antecedentes permiten identificar una dimensión del problema: trabajadores con ingresos regulares que recurren a la Justicia ante la imposibilidad de afrontar sus obligaciones. No obstante, los casos publicados y el relevamiento mencionado no permiten determinar qué proporción representan dentro del total de causas de la estadística provincial.
La insolvencia en las empresas
Las dificultades financieras también se manifiestan en el sector productivo. Un caso es el de Frutafiel S.A., empresa con planta en General Ramírez, departamento Diamante, que solicitó la apertura de su concurso preventivo en mayo de 2026.
Según informó El Debate Pregón, la documentación presentada por la firma consignó activos por $4.016,9 millones y pasivos por $3.818,3 millones, con un patrimonio neto positivo de $198,6 millones. La empresa cuenta con 44 trabajadores.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 9 de Paraná dispuso la apertura del concurso el 10 de junio. En su presentación, la compañía atribuyó sus dificultades a la caída del consumo, el aumento de los costos de insumos, transporte, energía y combustibles, y las condiciones del financiamiento. Esas explicaciones corresponden a la posición de la empresa dentro del expediente.
El concurso preventivo es un procedimiento distinto de la quiebra. Su finalidad es tramitar la situación de insolvencia y procurar un acuerdo con los acreedores bajo supervisión judicial. Por eso, el caso de Frutafiel constituye un antecedente empresarial relevante, pero no debe contabilizarse como una quiebra declarada.
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