(Editorial de Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina. Publicado por el diario La Nación) Lo que interesa del discurso de Alberto Fernández en el Congreso es cómo en aquella presentación se encuentran las dos encrucijadas más importantes que tiene el Presidente. Una de ellas es institucional y, la otra económica; y las dos se relacionan entre sí.
Fue un discurso progresista, pero no populista, hecho por un presidente que no apela- y esto es novedoso- al culto a la personalidad. Probablemente, se deba a que no tiene un poder político que le permita hacerlo. De todas formas, el resultado es saludable y lo que se propuso fue una agenda muy marcada desde el punto de vista de lo que podrían ser los valores progresistas. Un criterio para ver la vida pública de centroizquierda y un saneamiento institucional en un tema crucial, como lo es la ciénaga en la que ha estado y está instalada la justicia federal, Comodoro Py, y la relación de esos tribunales con los servicios de inteligencia.
Fernández habló de dos temas centrales. Por un lado, el proyecto para la despenalización del aborto, que es una idea que él trae desde el comienzo de su gestión, e incluso desde antes. Ya en su primera reunión con el episcopado en Buenos Aires se refirió a esto y aclaró: «Yo no soy abortista en lo personal, pero voy a promover la despenalización del aborto».
Sobre esta cuestión hay un detalle importante, hay quienes se lo atribuyen a Fernández y otros a Vilma Ibarra- el cerebro de muchas de las iniciativas institucionales de este Gobierno-, y es que la despenalización del aborto no es un proyecto del oficialismo en el Congreso, sino del Poder Ejecutivo. Algo muy distinto de lo que pasó con el matrimonio igualitario, el cual sí nació del Congreso, precisamente de Vilma Ibarra. Pero en este caso es el Ejecutivo el que se propone ir para adelante con esta cuestión, independientemente de la opinión de la Iglesia.
Aún así, durante la reunión que mantuvo con la conferencia episcopal, los obispos escucharon esa declaración de Fernández y quedaron más fascinados por la prioridad que estableció en relación a la lucha contra la pobreza, que escandalizados por lo del aborto.
El otro tema que destacó Fernández en su discurso es la cuestión de la justicia federal y su contaminación con los servicios de inteligencia. Un tema de larga data que empezó tenuemente durante la presidencia de Carlos Menem, siguió en el mandato de De la Rúa y se agudizó con el gobierno de Néstor Kirchner.
El papel de los servicios de inteligencia y sobre todo el de un personaje: el tenebroso Jaime Stiuso. Su manejo de la justicia federal con figuras muy ligadas al gobierno de Kirchner, como por ejemplo Javier Fernández, a quien el espía señaló en una declaración judicial como su operador judicial y es hoy auditor en la Auditoría General de la Nación (AGN). Es curioso que Javier Fernández siga siendo auditor designado por un Congreso que lidera Cristina Kirchner.
Con todo esto se propone Fernández romper, justamente con una agenda que debería haber sido la de Macri, cuando algunos de sus colaboradores llegaron con una propuesta que era justamente la de disolver el poder o el oligopolio de Comodoro Py en un fuero federal más amplio. Pero, ¿cómo? Federalizando parte de los juzgados del fuero ordinario penal, el que en la Capital Federal atiende los delitos penales ordinarios, como robos o asesinatos, que no tiene que ver con la agenda federal que se concentra en temas vinculados al narcotráfico, terrorismo, contrabando y, sobre todo, contra la corrupción.
La idea de Fernández, el proyecto que según dicen en el Gobierno todavía está en estudio, es convertir parte de esos juzgados nacionales del fuero ordinario en juzgados federales. Es decir, parte de los juzgados nacionales, los doce de Comodoro Py, y los del fuero penal económico se convertirían en una nueva justicia federal de la Capital Federal.
Sin embargo, hay un detalle en todo eso. De los 60 juzgados ordinarios se federalizarían 30. Casi todos ellos están vacantes. Es decir, no tienen juez y son subrogados por jueces de otros juzgados. Quiere decir que esta iniciativa le permitiría al gobierno de Fernández designar 30 jueces federales nuevos. Esta es una novedad que muchos especialistas en la materia se encuentran analizando, pero que el Presidente no mencionó en su discurso.
Pero, claro, hoy la designación en la Argentina lleva mucho tiempo, incluso si se hace el proceso rápidamente se trata de dos años. Entonces, esto lleva a prestarle atención a otro detalle del discurso que tiene que ver con la reforma en el Consejo de la Magistratura. La cual no incidiría en la composición, pero sí en el reglamente interno, justamente para que los concursos sean la instancia final de la designación de los jueces.
Con esta reforma el Gobierno podría tener disponible la designación de 30 jueces federales de los 50 que habría en la Capital, y con una modificación sobre el reglamento interno del Consejo de la Magistratura lo podría hacer en un año. Quiere decir que Fernández está pensando, muy probablemente, en dejar su marca en la historia del fuero federal porteño.
Por otro lado, esos jueces serían designados con una influencia enorme de Cristina Kirchner por una razón sencilla: ella controla el Senado y la comisión de acuerdo por la cual hay que pasar las designaciones de esos nuevos jueces.
Un detalle al pasar, Fernández dijo que parte de los juzgados se federalizarían y parte se transferirían a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser el presupuesto económico de esa transferencia? Es decir, cuántos recursos le van a destinar a Larreta para que se pueda hacer cargo de esos nuevos juzgados. Esa va a ser una gran discusión para una administración como la de Fernández, cuya lógica, prioridades y dinámica son difíciles de entender si uno no advierte que se trata de un gobierno del PJ de Capital que, en gran medida, tiene en Larreta un adversario muy visible.
Pero hablar de justicia federal no es sólo hablar de un problema estratégico de la calidad institucional. Es también hablar de droga. En los últimos cinco días en la Villa 31, que está al lado físicamente de Comodoro Py, ha habido por lo menos dos muertes por noche de los denominados «soldaditos», un grupo de chicos que asisten a los narcotraficantes. Estas muertes sucedieron tras algunos enfrentamientos entre las bandas que tienen tomada la Villa, la de los San Pedrito y los de la banda del Ruti, que es un dealer y ocurre al lado de los tribunales de Comodoro Py, donde se encuentran los jueces que se encargarían aparentemente de la cuestión del narcotráfico.
Desde hace semanas estamos hablando del crimen de Villa Gesell, con una preocupación sumamente legítima y sumado al escándalo que se ha producido alrededor de esa muerte. Sin embargo, en los últimos cuatro días murieron por lo menos seis chicos en la Villa 31, que no son materia de nuestra agenda. Hay un lazo directo en la calidad de la justicia federal y estos asesinatos.
Este no es el único problema que está detrás del discurso de Fernández. Todo su impulso de saneamiento de la Justicia tiene un límite, un problema: Cristina Kirchner. La situación judicial de su vicepresidenta y de la familia de ella es un tema para Alberto Fernández, y hasta lo ha conversado con gente de la oposición. Incluso, seguramente forma parte de un acuerdo o de una conversación más o menos explícita entre él y quien lo designó.
¿Hasta dónde se extiende la necesidad de cerrar esas causas? ¿Abarcan solamente a la expresidenta y a su familia o van más allá y tocan a otros miembros del kirchnerismo? El concepto lawfare: ¿hasta dónde alcanza la idea de que ha habido un manejo discrecional de la Justicia para perseguir políticamente? ¿Julio de Vido y Amado Boudou tienen derecho a decir que lo suyo es lawfare?
De Vido puede decir que las prisiones preventivas violentan garantías. No obstante, la idea de manipular a la Justicia para perseguir a alguien es defectuosa desde el punto de vista de la aplicación histórica, porque los jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas cuando el diario LA NACION un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py que eran responsables de la impunidad del kirchnerismo. A raíz de ello, varios magistrados pensaron que debían producir una noticia para desplazar esa tapa, y metieron preso a Ricardo Jaime. La opinión pública y la prensa es lo que hizo que contrafóbicamente sobreactuaran los jueces con las prisiones preventivas, que ahora en muchos casos las vemos como aberrantes. Esto que llama Cristina Kirchner lawfare es la contracara de la impunidad que disfrutó su propio equipo cuando ellos estaban en el poder.
Esta agenda de saneamiento institucional tiene preocupada a Cristina Kirchner. Ella ve con indignación cómo la Oficina Anticorrupción, la AFIP y la UIF mantienen las querellas contra funcionarios kirchneristas. Hay que sacarse el sombrero. Pero la vicepresidenta se irrita cuando, como sucedió días atrás, un abogado de la AFIP alegó que Lázaro Báez debía ir preso porque encarnó una matriz de corrupción fundada por Néstor Kirchner. ¿Esto es producto del desorden? ¿O es una maniobra de Alberto Fernández? En la Casa Rosada aducen lo primero. En la vicepresidencia, creen lo segundo.
Estas contradicciones se resolverían a favor de Fernández si él tuviera más poder político. Para eso, necesita un éxito económico: sacar a la Argentina de la recesión en un plazo breve y razonable.
El centro del problema que tiene hoy el Presidente es la deuda, de eso depende lo que pase con la economía, y no figura en la agenda que presentó este domingo en el Congreso. En este tema vienen patinando. Hubo ya una negociación de un bono dual, donde en la reestructuración lograron ponerse de acuerdo sólo con un 10% de los bonistas; después intentaron con un nuevo bono, pero fue desierta la licitación; y en la provincia de Buenos Aires aterrorizaron al mercado y terminaron pagando. ¿La deuda privada que se tiene que discutir de aquí al 31 de marzo se va a hacer con esta lógica y a la luz de estos antecedentes?
El Gobierno acaba de incorporar aparentemente más saber técnico, dado que el banco Lazard Frères va a asesorar a Martín Guzmán en el trato con el mercado. Algunos dicen que eligieron esta entidad porque participó de la reestructuración «dichosa» de Roberto Lavagna y Guillermo Nilsen, que otros creen que fue dichosa para los bonistas. O que se trata de una vieja mano de un amigo del Gobierno, el empresario Fernando Sulichín, que influyó en aquel momento e influye ahora. Aparentemente, no serían estas las razones sino que en este banco hay un líder que se llama Peter Orszag, un hombre estrechamente ligado y coautor de trabajos académicos con el Premio Nobel Joseph Stiglitz, mentor de Guzmán. Este último, se ha caracterizado a lo largo de su vida por ser un hombre muy crítico del mercado financiero, una especie de bestia negra para el mundo de Wall Street.
¿Hacia adónde irá la reestructuración o el debate con el mercado, con el cual Guzmán ha tomado casi cero contacto? Probablemente, este esquema de negociación tiene como criterio principal una gran quita a los acreedores privados, avalada por el Fondo. ¿La economía argentina arranca con una gran quita o hay que mirar otro problema? ¿Cuál va a ser la tasa de interés que va a tener esa economía? ¿Cuáles son las condiciones para que esta renegociación de la deuda signifique un relanzamiento de la Argentina? ¿Existe la posibilidad de una buena negociación sin un plan económico? Son preguntas sin respuestas o, al menos, las respuestas no estuvieron en el discurso de Alberto Fernández.
Por: Carlos Pagni
