Las provincias argentinas se encuentran ante una severa crisis de financiamiento público. Según información reciente del Ministerio de Economía de la Nación, en mayo se evidenció una bajada real del 23,8% en los recursos por coparticipación respecto al mismo mes del año anterior.
Esta disminución fue aún más pronunciada en regiones como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, donde superó el 25%. No obstante, el panorama se vuelve aún más alarmante al comparar los datos de mayo con los de abril del presente año, donde la reducción alcanza un crítico 50%.
Esta situación ubica a las provincias en un contexto de ingresos incluso inferiores a los que se registraron durante el periodo de pandemia. Este sustancial recorte en los recursos despierta la preocupación entre los gobernadores que enfrentan la compleja tarea de cumplir con sus obligaciones financieras en medio de una situación de ingresos cada vez más limitada.
Una de las causas identificadas para esta drástica caída es la existencia de un ingreso atípico en mayo de 2024. Durante ese mes, las entidades bancarias liquidaron un pago extraordinario por ganancias que ascendió a $2,5 mil millones, resultado de la devaluación de diciembre de 2023 en sus carteras en dólares.
Aunque este hecho distorsionó la comparación, no puede ser la única justificación para el deterioro observado en la coparticipación. En una reciente reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), varios gobernadores manifestaron su descontento con lo que consideran un “sesgo negativo” en las políticas fiscales del Gobierno nacional.
Entre las decisiones que afectan directamente a las finanzas provinciales, destacaron la modificación del impuesto a las ganancias, los cambios en el cálculo de anticipos societarios, el retraso en la actualización del impuesto a los combustibles, así como la reducción o eliminación de impuestos internos a productos electrónicos importados.
Adicionalmente, la lenta recuperación del consumo impacta directamente en la recaudación del IVA. Datos oficiales informan que este impuesto experimentó en abril una caída real del 1,9%, a pesar de que la economía se expande en torno al 5%, de acuerdo a las proyecciones oficiales.
Un gobernador expresó, “hay un escenario poco alentador de aquí a fin de año”, durante el encuentro en el CFI. Los informes de la Comisión Federal de Impuestos anticipan un descenso del 4,2% en términos reales para los recursos coparticipables en 2025. En comparación con 2023, la caída alcanzaría el 11,7%. Esto, medido en relación al PBI, representa una pérdida de 0,3 puntos respecto a 2024 y 0,8 en comparación con 2023. El sistema de coparticipación de 1988 es esencial para el financiamiento provincial.
Algunas jurisdicciones, como Buenos Aires o Córdoba, son menos dependientes de estos fondos, mientras que otras, como La Rioja, Formosa o Catamarca, dependen en más del 80% de estos recursos anuales. Además, los gobernadores critican el retiro del Gobierno nacional de varias responsabilidades previamente compartidas.
Las más notorias incluyen la paralización de obras públicas, el recorte del fondo docente y la eliminación de subsidios al transporte. Esto coloca a los gobiernos provinciales en la obligación de enfrentar gastos crecientes con ingresos en disminución.
La situación se complica aún más por las disimilitudes estructurales entre las provincias. Algunas disponen de fondos anticíclicos que les brindan un margen de maniobra, mientras que otras, por el contrario, lidian con déficits crónicos y niveles elevados de endeudamiento.