El expediente con la firmeza de la condena contra Juan Pablo Aguilera, cuñado del expresidiario Sergio Urribarri, llegó ayer por la tarde al Senado de Entre Ríos, tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la efectivización del cumplimiento de su pena.
El documento quedó ahora en la mesa de la vicegobernadora Alicia Aluani, presidenta de la Cámara alta, quien debe disponer la cesantía de Aguilera en su cargo: se trata de un trámite administrativo obligatorio, no discrecional, dado que la condena incluye la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. El decreto de cesantía está ya en proceso de elaboración.
Aguilera figura formalmente como empleado del Senado provincial, pero no concurre a trabajar desde septiembre de 2018, según reconstruyó ANÁLISIS. Pese a esa ausencia sostenida durante siete años, continuó percibiendo su sueldo con normalidad: un salario que ronda los $5.000.000 mensuales. Además de esa posición en la Cámara alta, Aguilera supo integrar el Consejo Provincial del Partido Justicialista y, durante el último año de la gestión de Urribarri como gobernador, se desempeñó como director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.
La condena y el Megajuicio de corrupción
Aguilera fue condenado en abril de 2022, en el marco del denominado Megajuicio de corrupción, un proceso que concentró cinco causas acumuladas y que juzgó hechos ocurridos entre 2010 y 2015, durante los gobiernos de Sergio Urribarri. El tribunal impuso a Aguilera una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva, junto con la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, la misma pena que recibió el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez. Urribarri, por su parte, recibió ocho años de prisión.
Según se acreditó durante el juicio, Aguilera fue señalado como dueño de una de las imprentas —Tep SRL— a la que se giraron trabajos financiados con dinero público, y como parte activa de un esquema de cartelización de empresas que permitió el desvío de fondos estatales destinados a publicidad oficial. El tribunal consideró probado que Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial con fines particulares, en maniobras que beneficiaron directamente a su cuñado.
Pasaron más de cuatro años desde la condena original hasta que ésta comenzó a ejecutarse. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal de Paraná en mayo de 2024 y, tras sucesivas instancias de apelación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó finalmente los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Urribarri, Báez y Aguilera, dejando la condena firme. Como consecuencia inmediata de esa confirmación, los tres condenados fueron detenidos y trasladados primero a la Unidad Penal N° 1 de Paraná y, días después, a la Unidad Penal El Potrero, en Gualeguaychú, donde continúan alojados. En paralelo, la Justicia ordenó el decomiso de los bienes que permanecían inmovilizados desde 2019, entre ellos inmuebles en calle Racedo, vehículos, y el equipamiento de la imprenta Tep SRL.
La causa Contratos Truchos
Aguilera no solo carga con la condena del Megajuicio. También está imputado en la causa conocida como Contratos Truchos, que investiga el armado de un sistema de contratos apócrifos dentro de la Legislatura entrerriana, presuntamente utilizado para sustraer fondos públicos entre 2008 y 2018. El expediente reunió originalmente a 32 imputados, de los cuales 18 continúan bajo restricciones y avanzarán hacia la instancia de juicio, según confirmó recientemente la Fiscalía. Entre ellos figura el propio Aguilera, alojado en la cárcel de Gualeguaychú tras quedar firme su condena en el Megajuicio, y también Alejandro Almada —cuñado de Aguilera—, con arresto preventivo en la Unidad Penal de Paraná desde días atrás, tras presentarse espontáneamente en la Gendarmería de Puerto Iguazú.
Un caso que expuso el reclamo por la Ley de Ética Pública
La situación de Aguilera como empleado con sueldo pese a su condena firme fue mencionada esta semana por el secretario de Justicia provincial, Julián Maneiro, en el marco de un reclamo por la sanción de una Ley de Ética Pública. Consultado sobre casos de funcionarios o empleados públicos condenados que continúan percibiendo haberes, Maneiro explicó que el procedimiento es automático y no está sujeto a evaluación: «cualquier persona que tiene, o cualquier funcionario o empleado público que tiene una condena, automáticamente se hace un sumario expeditivo, se constata esa situación y tiene que quedar exonerado automáticamente». Sin embargo, remarcó que esa automaticidad no se verificó en el caso puntual de Aguilera, quien continuó cobrando su sueldo en el Senado pese a la condena.
En la misma línea, el senador provincial Rubén Dal Molín (Juntos por Entre Ríos-Federación) había señalado que la definición sobre la continuidad laboral de Aguilera «depende de Vicegobernación», en referencia a la competencia de Alicia Aluani como titular de la Cámara alta para resolver la situación administrativa del empleado.
Fuente: Análisis Digital
