No serán “los cuadernos de Entre Ríos”, pero la causa iniciada tras la detención de tres personas cobrando contratos de otros con el Estado puede abrir una ventana por la que entre verdadero aire fresco a la política entrerriana y pueden derramarse responsabilidades que salpiquen a dirigentes de los niveles más altos.
Ya empezaron los arrepentidos: Leonardo Dehan contó que empezó hace 10 años a cobrar dinero “del gobierno” a partir de una propuesta de Flavia Beckman, una persona de su confianza hoy detenida en la investigación por los contratos en la Legislatura entrerriana. Empezó firmando un recibo por un pago de 500 pesos, de los que recibía $ 100, y terminó recibiendo $ 4.000 de un contrato de 50 mil.
En un allanamiento que tuvo lugar ayer habrían hallado anotaciones que indican que un diputado recibía 600 mil pesos mensuales.
La información que circula en pasillos tribunalicios, sostiene que el legislador también estaría implicado en la causa de las contrataciones irregulares del Senado.
Ayer se desarrolló una audiencia en el salón 1 de los Tribunales de Paraná ante la jueza de garantías Marina Barbagelatta para determinar sobre los pedidos de continuidad de las prisiones preventivas de los actualmente cinco detenidos.
Asistieron, por parte del Ministerio Publico Fiscal, Cecilia Goyeneche e Ignacio Arramberri, los por ahora, cinco imputados Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Fauré, quienes concurrieron con sus abogados defensores.
Si bien la causa está bajo el secreto de sumario, que vence el próximo martes, desde un primer momento se supo que la investigación penal preparatoria de los fiscales apunta a determinar si en la Legislatura entrerriana, se implementó una estructura y un sistema de contratación irregular para sustraer fondos públicos.
Asimismo, como también ha sucedido con varias imputaciones que están en la mira de los fiscales y que apuntan a las máximas autoridades de las cámaras desde el 2008 a la actualidad, en las últimas horas trascendieron algunos pormenores suscitados en los allanamientos practicados.
Según fuentes judiciales, de estas medidas procesales ordenadas por la fiscal Goyeneche, habría aparecido un cuaderno donde constan sumas mensuales para un actual diputado nacional que hasta hace poco fuera legislador provincial.
Según indicaron, en el cuaderno existían anotaciones que precisaban “apartar 600 mil” indicando a continuación el nombre del legislador nacional a quien iban destinados, algo que habría dejado helados a quienes lo vieron.
Frente a esta información, a pesar de que el legislador dejó la legislatura provincial, no ocurrió lo mismo con los contratos, generando así graves sospechas y que se encuentra siendo evaluada por la Fiscalía, estimándose que complicaría gravemente al diputado nacional.
Las grandes probabilidades, indicaron en ámbitos de la justicia, es que el nombre del legislador se sume al grupo de dirigentes contra los cuales sería inminente el envió de las cedulas de notificación instándolos a designar abogado defensor para proceder a las imputaciones.
PRORROGARON LAS PREVENTIVAS
En audiencia de ayer, la Procuración General decidió prorrogar las prisiones preventivas para los cuatro sospechosos y en la que se investiga un supuesto sistema de recaudación fraudulento a través de contrataciones irregulares en el seno de la Legislatura, publicó ayer www.paginajudicial.com.ar, con la firma de Federico Malvasio.
La fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche e Ignacio Aramberry consiguieron que Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao continúen en prisión preventiva, medida que cumplen en las unidades penal 1 y 6 de Paraná. María Victoria Álvarez quedó afuera. Tenía prisión domiciliaria.
La medida – de cuatro meses cuyo vencimiento es el 19 de febrero de 2019 – fue avalada por la jueza de Garantías es Marina Barbagelata.
La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Cecilia Goyeneche, pidió a la Legislatura que le entregue información sobre los contratos en los últimos diez años, pero tuvo suerte dispar: Diputados lo rechazó de plano, mientras que el Senado dijo acceder pero con reparos. Ninguno de los dos cuerpos está dispuesto a brindar información del 2008 a la fecha porque sí.
En ese detalle aparecerán seguramente nombres de toda la provincia, de legisladores y de particulares.
El jueves se conoció un informe difundido por Canal 9 Litoral, en el programa Cuestión de Fondo, que adelantó que los presidentes de las cámaras de todo ese período serían imputados próximamente. La mayoría ocupa cargos relevantes en la primera línea de las estructuras que integran. Enumeró el informe a Adán Bahl, Sergio Urribarri; Guillermo Guastavino, Eduardo Lauritto, José Cáceres y José Allende. “La lista quedó incompleta. Faltó el nombre de Jorge Busti, quien presidió Diputados en el período 2007-2011”, advirtió Federico Malvasio, de Página Judicial.
Aunque no hay registros desde antes de 2008. La historia parece arrancar a partir del primer gobierno de Sergio Urribarri. El grupo delictivo comenzó a operar cuando Mauro Urribarri y Juan Pablo Aguilera se adueñaron de las cajas políticas del Senado y de Diputados. En especial en Diputados, donde el presidente era José Angel Allende, pero no tenía poder de decisión sobre los contratos o pagos de la cámara baja.
