Luego de un año y cuatro meses en prisión, los policías imputados por sedición recuperaron su libertad. El tribunal dispuso ayer revocar la prisión preventiva que pesaba sobre 17 efectivos acusados por los sucesos de diciembre de 2013.
El tribunal integrado por Jorge Barbagelata Xavier, Silvina Gallo y Darío Perroud resolvió ayer que 17 policías procesados recobren su libertad.
El juez Jorge Barbagelata abrió el debate con el tratamiento de la moción elevada por la defensa sobre el dictado del cese de la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria.
Previo al fallo, el tribunal tomó en consideración los 16 meses que los imputados llevaban presos -cuatro en el penal de máxima seguridad de Federal y un año en prisión domiciliaria-. Y remarcó que el caso reviste “singularidades”. Transcurridos tres meses de juicio y cuando restan los alegatos, la sentencia y una posible apelación, los magistrados fundaron su decisión en prescripciones del Código Procesal Penal, tratados sobre derechos humanos y convenciones internacionales.
Fiscalía fundamentó su oposición en un posible amedrentamiento a testigos. Barbagelata adujo que a lo largo de estos tres meses los testigos declararon libremente, sin registro de amenazas o amedrentamientos por parte de los imputados. Por tanto, afirmó el juez, “nos da una pauta de que el entorpecimiento no se ha concretado”. Tomó como “elementos de ponderación positiva” el seguimiento de las directivas de los procesados, su conducta y la asistencia durante las audiencias y el cumplimento de la medida de coerción domiciliaria.
El sostén de la “primitiva sospecha” de entorpecimiento “se ha debilitado”, sostuvo el tribunal y añadió que “los jueces tenemos el deber de hacer cumplir los derechos y garantías constitucionales”.
No obstante, enumeró una serie de imposiciones que los imputados deberán cumplir. Uno de sus puntos establece la prohibición de comunicarse por cualquier medio con las personas que ofrecieron su testimonio, incluso los insta a mantenerse alejados si advierten su presencia. Tampoco podrán concurrir a dependencias policiales. A su vez, el tribunal les prohíbe salir del país y de la provincia sin autorización, además de constituirse periódicamente en la oficina judicial hasta que concluya el proceso.
IMPRESIONES
“Creemos que es una resolución total y absolutamente ajustada a derecho. Se precisó punto por punto las normas aplicables de nivel provincial, nacional e internacional. Es una resolución impecable. Creo que ayudó el receso de ayer (por el miércoles) y dio como fruto una resolución totalmente fundada y que nos trae una inmensa alegría, más que nada porque nos va a permitir, en estos días que faltan de juicio, trabajar activamente con nuestros defendidos y poder aportar los últimos testigos”, dijo con satisfacción el defensor Oscar Bacigaluppe. “La libertad correspondía en derecho porque no había el peligro procesal alegado y, de última, había cesado cualquier tipo de peligro”, completó.
Señaló que las declaraciones indagatorias de sus defendidos no se extenderán más allá de los 15 minutos. “Lo único que van a hacer es aclarar algunos detalles de las acusaciones de que han sido objeto de parte de algunos testigos. De los seis que defiendo creo que dos han sido nombrados, al resto no se los menciona a lo largo de todo el juicio”, indicó.
De acuerdo con el plazo estipulado por el tribunal el juicio concluiría a fines de junio. Superada la etapa de los alegatos “nuestra idea es que se pueda contar con una sentencia antes de las vacaciones de julio. Tenemos un visión muy clara de todo lo sucedido”, dijo.
Por último, Bacigaluppe apuntó: “Me llamó la atención que durante el pedido del cese de prisión domiciliaria el fiscal diga que los abogados no veíamos entorpecida nuestra tarea porque el tribunal nos daba una hora” para entrevistarse con sus defendidos. “Llevarlos con custodia, atenderlos de apuro o, si no, nos habíamos convertido en abogados a domicilio. Hoy podemos decir que vamos a ejercitar plenamente el derecho de defensa y ahora vamos a poder desarrollar un trabajo profesional pleno porque la relación con los imputados es fundamental para una defensa. Que se haya querido cuestionar hasta eso es realmente insólito”.
