Por una medida cautelar, los principales imputados en la causa en la que se investiga el desfalco por más de 50 millones de pesos en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a través de compensaciones de deudas fraguadas serán incorporados nuevamente al trabajo. Se trata de quien ejercía el cargo de jefa de Despacho del organismo recaudador, Estrella Martínez de Yankelevich; y la jefatura de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión. Ambos sospechados deberán regresar a sus lugares de trabajo a más tardar el lunes.
El lugar a la medida cautelar tramitó en la Cámara Contencioso Administrativo Nº 1 que preside Hugo Rubén González Elías e integran Marcelo Baridón y Gisela Schumacher. La comunicación a la ATER- a la que tuvo acceso Página Judicial y tiene fecha del 2 de junio – ordena la “suspensión” del artículo 3º de la resolución 183/14 por la cual se deja cesante a Yankelevich y Gaggión.
Lisandro Amavet, abogado que patrocina a la empleada jerárquica en cuestiones administrativas en el marco de la causa que la tiene en la mira, sostuvo: “No está procesada y en el expediente no hay un sólo dato que indique que existe alguna culpabilidad del hecho que se está investigando. Hasta que no se demuestre la culpabilidad es inocente. Con un sumario te pueden suspender 60 días, pero acá ha pasado un año. Lo cierto es que hay una persona que está en la calle pero aún no se ha podido probar nada”, explicó el letrado ante Página Judicial.
Una larga lista de empresarios proveedores del Estado y cinco empleados de ATER están siendo investigados por la estafa de unos 50 millones de pesos.
La Justicia a tomado declaraciones y allanado la Tesorería General de la provincia y el organismo recaudador.
En la nómina de imputados no aparece un funcionario que se daba por hecho que estaría en el grupo de sospechosos. Es Gustavo Gioria, quien se desempeñaba como tesorero de la provincia, y que apareció como contador asesor de una de las empresas vinculadas al escándalo que denunció el jefe de la ATER, Marcelo Casaretto. En criollo: atendía de los dos lados del mostrador.
El artículo 75 del Código Fiscal dice que el proveedor del Estado debe acreditar la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprobarán para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía. Esas tres áreas gubernamentales tenían a Gioria, Aurelio Miraglio y Diego Valiero. El primero renunció; el segundo fue el último titular de lo que es la ex DGR y ahora ATER; y el tercero es el funcionario más antiguo de las dos gestiones de Sergio Urribarri.
La causa está en manos de los fiscales Laura Cattáneo y Gervasio Labriola (auxiliar) y de la jueza Marina Barbagelata.
