El proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó al Congreso este martes incluye un nuevo régimen para incentivar la construcción y mantenimiento de corredores viales a cargo de concesionarios viales privados, pero tiene una trampa: los beneficios fiscales nacionales solo se activan si las provincias hacen lo propio.
Durante el reciente evento Vientos de Cambio organizado por las Fundación Libertad y Progreso, el ministro Luis Caputo indicó que “todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal, de manera que se genera más incentivo y que sea más barato todo este proceso de desarrollo y que se haga más rápido”
«Son bastante importante las ventajas. Parece una especie de RIGI O RIMI para estas empresas», señaló el tributarista Mario Volman, profesor titular de Impuestos de la UBA.
Precisamente, luego de mandar el proyecto al Congreso, Luis Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunieron con los ministros de Economía de las provincias en el marco del Consejo de Responsabilidad Fiscal para explicar las proyecciones del 2027 para los gastos y los ingresos.
Cómo será el régimen
El artículo 67 del proyecto establece que los titulares de contratos de concesión de obra pública vinculados a una licitación que se celebre en adelante para la construcción de rutas nacionales, o ampliación de obra por concesiones de rutas nacionales ya existentes «podrán optar por practicar las amortizaciones de las inversiones que realicen y afecten a la ejecución de la concesión, a partir del período fiscal de habilitación de los bienes u obra vial de que se trate».
En obras de infraestructura vial como mínimo, en un número de cuotas anuales, iguales y consecutivas que resulte de considerar la vida util estimada de dichas obras reducida al 50%.
Los beneficiarios dispondrán de un mecanismo de reintegro o de certificado de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado contenido en el monto de las operaciones realizadas para cumplir los objetivos asumidos en los contratos.
Se establece que el 100% del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, que hubiese sido efectivamente ingresado a partir de la entrada en vigencia de la ley podrá ser computado por los titulares de los contratos a los que hace alusión el primer párrafo, como pago a cuenta, en el siguiente orden: Impuesto a las Ganancias, IVA y las contribuciones patronales.
El remanente no compensado no podrá aplicarse a otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros.
Volman explicó que a las empresas «se les genera una menor carga tributaria del Impuesto a las Ganancias via amortización acelerada de bienes se uso y obras, se le genera un libre cómputo de iva y compensación del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios».
Sin exención de Ingresos Brutos no hay obras
El texto tiene una «trampa» para que los Gobernadores eliminen Impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos. Se invita a las provincias a adherir al régimen pero aclara que «la adhesión de las jurisdicciones correspondientes, en estos términos, será condición necesaria para la vigencia de los beneficios previstos en los párrafos precedentes de este artículo».
Es decir, que un operador de una ruta no podrá tener las exenciones de impuestos nacionales si los Gobernadores no hacen lo mismo y adhieren a la ley federal.
El diputado peronista Guillermo Michel denunció que el Gobierno no estaba ejecutando obras de mantenimiento de las rutas nacionales a pesar de que seguía cobrando el Impuesto a los Combustibles, que se supone tiene por finalidad llevar a cabo esa tarea.
En el caso de Entre Ríos, Michel señaló que la provincia dejó de recibir unos $45.000 millones para reparar caminos dañados, afectando gravemente la infraestructura vial y la seguridad. El legislador dice que la Nación retuvo $1,6 billones este año.
Las quejas de los Gobernadores se multiplicaron este año. En Santa Fe, Maximiliano Pullaro, decidió poner enormes carteles rojos en las vías de jurisdicción federal para dejar en claro que la falta de conservación no es su responsabilidad. Luego de ello, firmó un acuerdo con la Nación para que le transfirieran la Ruta 12.
