La diputada nacional Blanca Osuna presentó una nota dirigida al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Alejandro Finocchiaro, en la que le pide que el cuerpo aborde el “persistente e injustificado” incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
La Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso el año pasado, luego del veto presidencial ratificada por ambas Cámaras con las mayorías especiales previstas por la Constitución. La norma obliga al Estado nacional a sostener el sistema universitario público, actualizar partidas de funcionamiento, recomponer salarios docentes y no docentes y fortalecer las becas estudiantiles.
En su nota, Osuna recordó que durante la reunión de la Comisión del 1° de julio Finocchiaro informó que el Ejecutivo se había comprometido a normalizar el giro de las partidas a mediados de ese mes. Transcurrido ese plazo -reclamó la legisladora-, las universidades nacionales continúan sin recibir los recursos legalmente asignados.
Para la diputada, la demora profundiza la asfixia financiera de las casas de estudio, reduce la inversión por estudiante y prolonga el atraso salarial. Sus efectos -añadió- no se circunscriben a la administración universitaria: comprometen el acceso, la permanencia y la graduación, además de las tareas de enseñanza, investigación y extensión que las universidades cumplen en todo el país.
La dimensión institucional del conflicto
El reclamo refleja una gravedad institucional particular porque no se limita a una disputa por recursos. Osuna plantea que el Ejecutivo desatiende una ley vigente, aprobada y ratificada por el Congreso, y también una medida cautelar cuya vigencia quedó firme tras la intervención de la Justicia. En ese escenario, Osuna refleja una triple falta grave por parte del gobierno de Javier Molei y donde confluyen la responsabilidad presupuestaria del Gobierno, la potestad legislativa y la obligación de cumplir las decisiones judiciales.
“Esta Comisión no puede permanecer al margen frente a lo que constituye un claro desacato a la voluntad legislativa y a las disposiciones del Poder Judicial”, advirtió la diputada. Por eso solicitó a Finocchiaro una convocatoria urgente para evaluar cursos de acción y ejercer las facultades de control que la Constitución confiere a la Cámara de Diputados. El planteo coloca al Congreso ante una definición: si se limita a registrar el incumplimiento o activa sus mecanismos institucionales para exigir la ejecución efectiva de la ley.
