El secretario General de ATE, Oscar Muntes, destacó la importancia de que avance la iniciativa que dispone la contratación de grupos asociativos que integran la economía popular para realizar la obra pública que desarrolle la Provincia. Consideró que “no existe la decisión política” de avanzar en ese sentido, y advirtió: “Cuando no está, hay que ir a buscarla”.
La Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y el Partido del Trabajo y el Pueblo presentaron en la sede de ATE su proyecto de Ley de Urbanización de Barrios Populares de Entre Ríos.
El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, hizo referencia a la iniciativa que se reflotó en los últimos días: “Este proyecto es producto de una necesidad social”.
Dijo que “la definición política de acompañar esto no existe, ya que si existiese estaríamos en la etapa de instrumentación, pero no es así”.
“Cuando no está la decisión política, hay que ir a buscarla. Y eso se hace a través de la movilización, de la concientización y fundamentalmente a través de la participación”, resaltó el dirigente sindical.
Consideró que “son caminos difíciles porque la realidad duele y duele entender que el Estado no comprenda en qué situación está el pueblo y cómo está siendo golpeado por la crisis”.
“Incluso hasta el trabajador formal hoy tiene que decidir si paga la luz, si come o viste a su familia. Y la situación del trabajador desocupado es mucho peor, ya que no tiene acceso a sus derechos fundamentales”.
El proyecto
El proyecto consta de 14 artículos. El primero establece que “creado el ‘Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social de la Provincia de Entre Ríos (Ley 10-151)’, se fomentará y facilitará la contratación de los grupos asociativos que integran la Economía Popular, Social y Solidaria en la obra pública que se desarrolle en el ámbito de los organismos de la administración pública provincial centralizada o descentralizada y entes autárquicos, con el fin de realizar las obras de urbanización necesarias en los barrios populares de la provincia”.
Entre los objetivos de la iniciativa están el de “fomentar, agilizar y mejorar la inserción de los grupos asociativos que forman la Economía Popular, Social y Solidaria en los procedimientos de contratación de obras públicas efectuados por la administración pública”.
“El Poder Ejecutivo Provincial y sus entes descentralizados y autárquicos deberán establecer una reserva equivalente al 25 por ciento como mínimo del total de obra pública que fuere a realizarse para poder ser adjudicada a los grupos que integran la Economía Popular, Social y Solidaria, y cuando se trate de obras de arquitectura e infraestructura social, se priorizará la promoción del trabajo de los grupos asociativos”, se dispone en el artículo 5º del proyecto al que tuvo acceso esta Agencia.
En tanto, en el artículo 11º se establece que “se otorgará preferencia a las ofertas de bienes provenientes de la Economía Social”.