La iniciativa fue presentada por el diputado provincial de la UCR, Jorge Monge, para los clientes que esperen más de media hora en las colas. Según el proyecto, la indemnización se pagaría en efectivo, y se graduaría por cada 10 minutos en que sea superada la hora fijada.
El texto establece para “la atención personalizada y/o en las cajas al público en el ámbito del agente financiero de la provincia de Entre Ríos, Nuevo Banco de Entre Ríos SA, un mecanismo claro, ágil y eficaz de atención al público, que no podrá exceder los 30 minutos de espera”.
Fija además que “los usuarios tienen derecho a ser informados por el Banco, sobre el tiempo de espera aproximado para su atención personalizada y/o en cajas en el establecimiento. Es obligación del Agente Financiero, instalar en el sector de ingreso del público a la casa central y en cada una de las sucursales la tecnología necesaria, asistida por un empleado de la entidad, para otorgar al usuario o consumidor constancia escrita del otorgamiento de un turno para atención”.
En su artículo 6º prevé: “En caso de que la atención supere en 10 minutos lo estipulado en la constancia entregada por el Agente Financiero, este deberá pagar una indemnización en dinero efectivo, de modo directo e inmediato, al cliente perjudicado de 100 pesos por cada 10 minutos de espera, y fracción no menor de 5 minutos”.
Indica además que “los clientes tienen derecho a obtener constancia escrita, sobre su efectiva atención en el establecimiento” y que “este monto indemnizatorio se modificará en cada oportunidad que se verifique un aumento de sueldos a los agentes de la administración central del Superior Gobierno de Entre Ríos, incrementándose en una suma de dinero equivalente al porcentaje de aumento dispuesto”.
El legislador en los fundamentos manifiesta que el presente proyecto tiene por objetivo primordial efectuar una extensión de la protección de los derechos que, como usuarios y consumidores de servicios, asisten a los clientes del Nuevo Banco de Entre Ríos SA, agente financiero de la Provincia, circunstancia por la cual hace que esa entidad cuente con clientes cautivos, ya que todos los empleados públicos provinciales (docentes, Salud, Policía, administración central, etc.), Municipales, Jubilados y pensionados, obligatoriamente tienen que percibir sus sueldos y haberes a través de esa entidad”.
Según Monge, esto genera “la creación y operación de cientos de miles de cuentas y servicios adicionales que ofrece el Banco, todo lo cual justifica a nuestro modo de ver, la necesidad de regular a través del presente proyecto de ley de modo particular este sensible aspecto referente a la calidad y tiempos de atención del Nuevo Bersa para con sus clientes”.
También el diamantino indica: “Sin perjuicio de la regulación que con similar espíritu a la de este proyecto, se encuentra prevista en la ley 10236 que, modifica la Ley N° 8.973 y establece multas por demoras superiores a treinta (30) minutos en la atención al público, la que fuera concebida para ser aplicada respecto a todas las instituciones que reciben público de modo masivo, y que dicho sea de paso, a pesar de prever multas ante su incumplimiento, observamos escasa adhesión, y sí una continua insatisfacción de usuarios y consumidores de diversos servicios, dichas multas, sin perjuicio de que no observamos una aplicación de la misma, lo son en favor del Estado provincial. Lo que propiciamos con este proyecto es distinto, es una sanción indemnizatoria a favor del usuario”.
Finalmente Monge se refiere al vínculo que une a la provincia con el Grupo Eskenazi. “La provincia desde 2005, mediante un vergonzoso acuerdo con el Agente Financiero, esto es el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A, entronizó al Grupo Eskenazi como una suerte de socio oculto en el crecimiento de la recaudación, dado que se le abona por la precepción de todos los tributos el uno por ciento, además del 0,15 de los Recursos de Coparticipación Nacional de Impuestos, 0,5 por ciento de la masa global de dinero que paga Entre Ríos en haberes a los activos y pasivos del Sector Público Provincial y por el servicio de apertura y mantenimiento de cuentas y pago de los haberes respectivos. En la vecina provincia de Santa Fe es al revés, el mismo dueño del Banco Bersa, por las mismas tareas, en vez de cobrar al estado provincial, paga por ser el Agente Financiero de Santa Fe. En nuestra provincia, al contrario, percibe sumas millonarias correspondientes a todos los entrerrianos por un pésimo servicio, que en algunos casos llega a horadar la dignidad de sus usuarios”. (APFDigital)
