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Policias detenidos demandaran al gobierno por el encierro en Federal

Abogados de los policías detenidos presentarán una demanda por daños y perjuicios contra el Gobierno de la Provincia. Aseguran que sus defendidos padecen secuelas psicológicas y físicas luego de su encierro en el penal de Federal. “Daños provocados al haberlos tenido detenidos en lugares expresamente prohibidos por la Constitución y en condiciones infrahumanas”, sostuvo Oscar Bacigaluppe. “Tenemos todo preparado para presentarla la semana que viene en el Juzgado Civil y Comercial de Concordia”, adelantó.

“La mayoría de los imputados en la causa promueve por nuestro intermedio un juicio por daños y perjuicios contra el Gobierno de la Provincia. Daños provocados al haberlos tenido detenidos en lugares expresamente prohibidos por la Constitución y en condiciones infrahumanas”, dijo Oscar Bacigaluppe en referencia al penal de máxima seguridad de Federal, situación que derivó en la presentación de un habeas corpus.

El abogado explicó que el resarcimiento económico se determinará “de acuerdo al arbitrio judicial y al daño psicológico y moral provocado. Todo daño se indemniza en función de lo probado, -y los detenidos- han quedado con problemas de todo tipo”. Secuelas que, según cuenta, comprenderían trastornos psicológicos y alteraciones físicas en la mayoría de los policías, actualmente con prisión domiciliaria.

 

Dudas sobre la imparcialidad

 

Durante una audiencia que tuvo lugar el miércoles, uno de los abogados defensores, Edelmiro Díaz Vélez, solicitó la suspensión del inicio del juicio. “En base a los elementos presentados, consideré que era acertado el pedido y lo apoyé”, dijo el letrado que patrocina a cinco policías.

Sin embargo, Bacigaluppe piensa que el tribunal “está decidido a llevar adelante el juicio lo antes posible. Creo que van a fijar fecha en cualquier momento. Ya es muy difícil pararlo, lo vamos a parar en el debate con algún planteo de fondo”. Sobre este punto, alegó: “creo que el juicio es irrealizable con el esquema judicial que existe. En principio no hay ningún juez penal dentro de la provincia de Entre Ríos que asegure imparcialidad como exige la Constitución, los tratados internacionales y el procedimiento penal vigente. Es decir, no hay ningún imputado en la Provincia que se pueda sentar frente a un juez que se considere total y absolutamente imparcial. Me refiero a un juez que no sea parcial ni a favor del fiscal, ni a favor de la defensa”.

Aclaró que “no importan los nombres, es una cuestión general ajena a casos particulares”. De todos modos, remarcó: “realizaré el desarrollo en el momento oportuno”. Mientras, estudia y consulta su tesis con constitucionalistas. “Creo que va a ser un impedimento para llevar adelante el juicio”, avisó.

Con alrededor de 500 testigos, Bacigaluppe calcula que a razón de diez testigos por día, llevará más de dos meses de declaraciones testimoniales, sin computar los testimonios de los 18 policías imputados.  “El juicio rápido y el apuro se piensan no en beneficio de la sociedad, sino del procesado. Es el máximo interesado en un juicio rápido”, indicó.

En esa línea, consideró como lapso prudente la fijación de una fecha con al menos 15 días de anticipación.

 

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