El régimen provincial reúne 180 proyectos y compromisos de inversión por US$ 266,75 millones. Sin embargo, desde noviembre de 2023 la provincia perdió 4.161 puestos de trabajo asalariado privado registrado y contabilizó 1.215 empresas empleadoras menos. El 77% de las iniciativas corresponde a ampliaciones de empresas existentes y el 23% a nuevos emprendimientos.
El Gobierno de Entre Ríos informó que el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) reúne, a octubre de 2026, 180 proyectos elegibles, inversiones comprometidas por US$ 266,75 millones y 2.930 puestos de trabajo directos. Las cifras forman parte de la presentación oficial de una política destinada a promover la ampliación de empresas existentes y la radicación de nuevos emprendimientos.
El anuncio se produce en un contexto en el que los indicadores del empleo privado registrado muestran una contracción respecto de noviembre de 2023, el mes previo al cambio de administración nacional y anterior al inicio de la gestión de Rogelio Frigerio en la provincia.
Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Entre Ríos registró en julio de 2026 unos 135.000 trabajadores asalariados en el sector privado formal. La serie desestacionalizada se ubicó 3% por debajo del nivel de noviembre de 2023, una diferencia equivalente a 4.161 puestos de trabajo netos.
La comparación interanual también fue negativa. En julio se contabilizaron 1.654 empleos registrados menos que en el mismo mes de 2025. Respecto de junio, la reducción fue de 250 puestos, equivalente a una variación mensual de -0,2%.
Los datos fueron difundidos por Redes de Noticias el 14 de octubre, a partir de un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre la base de registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Menos empresas empleadoras
La evolución de la cantidad de empresas que registran trabajadores constituye otro indicador de la situación del sector privado.
En julio de 2026, Entre Ríos contabilizó 15.884 empresas empleadoras activas, según un relevamiento de Politikon Chaco basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Un año antes, el registro alcanzaba las 16.479 firmas.
La diferencia es de 595 empleadores, una reducción interanual del 3,6%. En comparación con noviembre de 2023, cuando se contabilizaban 17.099 empresas empleadoras, la caída alcanza las 1.215 unidades, equivalente al 7,1%.
La contracción provincial fue superior a la registrada en el conjunto del país, donde la cantidad de empresas empleadoras privadas disminuyó un 3,1% interanual en julio.
La estadística no implica necesariamente que todas las firmas que dejaron de figurar como empleadoras hayan cerrado sus actividades. El indicador registra a las personas humanas o jurídicas que tienen al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Su evolución permite observar, sin embargo, los cambios en la base de empleadores que sostienen el empleo formal.
Los números del RINI
El régimen provincial informa 180 proyectos elegibles, una inversión comprometida de US$ 266,75 millones y 2.930 puestos de trabajo directos. El 77% de las iniciativas corresponde a ampliaciones de empresas existentes y el 23% a nuevos emprendimientos.
La industria concentra el 58,3% de los proyectos, seguida por el turismo, con el 9,2%; la cría de aves y el transporte, con el 7,4% cada uno; y la fibra óptica, con el 5,5%.
Entre los proyectos mencionados por el Gobierno se encuentra la ampliación de Calisa 2, perteneciente al Grupo Motta, en General Racedo. La iniciativa contempla una inversión de US$ 45 millones. También figura Nogopaint, en Seguí, que recibió la certificación de adhesión al régimen por una inversión superior a los $255 millones.
Los casos corresponden a iniciativas de escalas diferentes y permiten observar la diversidad de actividades alcanzadas por el programa. No obstante, los montos comprometidos y los puestos de trabajo anunciados no equivalen necesariamente a inversiones ejecutadas ni a empleos ya incorporados.
Para evaluar los resultados del RINI es necesario establecer cuántos proyectos avanzaron efectivamente, qué parte de los recursos comprometidos se desembolsó, cuál era la dotación de personal de cada empresa antes de su adhesión y cuántos trabajadores nuevos fueron incorporados.
Inversión, empleo y costo fiscal
El RINI contempla exenciones de hasta el 100% en determinados impuestos provinciales, entre ellos Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos, además de reintegros energéticos y otros instrumentos de apoyo. Los beneficios tienen una vigencia de 15 años, prorrogable por otros cinco, según las condiciones del régimen.
La duración de los incentivos vuelve relevante la evaluación de sus resultados a lo largo del tiempo. La inversión adicional que pueda generar el programa, el empleo efectivamente creado y el costo fiscal de los beneficios constituyen variables diferentes que deben analizarse en conjunto.
Una ampliación empresarial puede aumentar la capacidad productiva sin incrementar proporcionalmente la cantidad de trabajadores, por ejemplo, cuando incorpora equipamiento o automatiza procesos. También puede sostener empleos existentes o generar nuevas incorporaciones en etapas posteriores. Por esa razón, el volumen de inversión no permite inferir por sí solo el resultado laboral.
La comparación entre los 2.930 puestos anunciados por el RINI y los 4.161 empleos netos perdidos desde noviembre de 2023 ofrece una referencia sobre la dimensión de ambas magnitudes. Sin embargo, no permite afirmar que el programa vaya a compensar esas pérdidas: los primeros son compromisos asociados a proyectos elegibles, mientras que los segundos corresponden a una variación observada del empleo privado registrado.
La evolución de la actividad económica nacional también incide sobre el mercado laboral entrerriano. Por eso, el balance provincial requiere considerar el contexto general y, al mismo tiempo, identificar el desempeño de los sectores y las empresas alcanzados por las políticas de promoción.
Los resultados pendientes de medir
El RINI constituye uno de los instrumentos de la política provincial para promover inversiones privadas. Su evaluación requiere información sobre la ejecución de los proyectos, la incorporación efectiva de trabajadores y los beneficios fiscales otorgados.
A octubre de 2026, los datos oficiales del programa consignan 180 proyectos elegibles, US$ 266,75 millones de inversión comprometida y 2.930 puestos de trabajo directos anunciados. En paralelo, Entre Ríos registra 15.884 empresas empleadoras privadas, 1.215 menos que en noviembre de 2023, y alrededor de 135.000 trabajadores asalariados privados registrados, con una reducción acumulada de 4.161 puestos respecto de ese mes.
La desocupación en Concordia y Paraná
Los indicadores de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC aportan una tercera dimensión. En el segundo trimestre de 2026, la tasa de desocupación alcanzó el 6,1% en Concordia y el 6,7% en el Gran Paraná. En el conjunto de los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo, el registro fue del 7,9%.
En la comparación con el segundo trimestre de 2025, la desocupación aumentó 0,7 puntos porcentuales en Concordia y 1,1 puntos en el Gran Paraná. En el mismo período, la tasa nacional pasó del 7,6% al 7,9%.
Los restantes indicadores muestran diferencias entre las dos ciudades. En Concordia, la tasa de empleo se ubicó en el 39,4%, frente al 37% de un año antes. La subocupación alcanzó el 9,1%, por encima del 6,3% del segundo trimestre de 2025. Además, el 11,6% de las personas ocupadas buscaba otro empleo, un incremento de 3,3 puntos porcentuales en la comparación interanual.
En el Gran Paraná, la tasa de empleo fue del 43,3%, 0,9 puntos porcentuales menos que un año antes. La subocupación llegó al 15,6% y el 20,8% de las personas ocupadas buscaba otra ocupación, 5,8 puntos porcentuales por encima del registro del segundo trimestre de 2025.
Las tasas de desocupación de Concordia y Paraná se encuentran por debajo del promedio nacional, pero aumentaron en términos interanuales. Los datos de empleo, subocupación y búsqueda de otra ocupación permiten ampliar la evaluación más allá de la cantidad de personas que buscan trabajo y no lo encuentran.
La EPH mide los principales aglomerados urbanos y no representa una tasa de desocupación para la totalidad de la provincia. Por eso, sus resultados deben analizarse junto con los registros administrativos de empleo privado y empresas empleadoras, que tienen una cobertura diferente.
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