La planta depuradora de Concordia fue incluida en un programa de saneamiento financiado por el BID en 2017 y tras dos licitaciones fallidas, sigue a la espera de una readecuación. Mientras tanto, la ciudad más poblada de la costa del río Uruguay sigue volcando sus efluentes crudos al río.

En agosto de 2017, la Legislatura de Entre Ríos declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio conocido como «La Charita», en las inmediaciones del antiguo frigorífico Yuquerí, en Benito Legerén para la construcción de la planta de tratamiento de efluentes de la ciudad.

Dos años más tarde, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el contrato de préstamo Nº: 4822/OC-RG por US$ 80 millones para cinco ciudades y el 2 de julio de 2019 se anunció el financiamiento del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay; Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y San José. El objetivo incluye ampliar las redes cloacales y mejorar el tratamiento de aguas residuales para casi 100.000 hogares.

6.600 toneladas al año de materia orgánica vertidas al río

Entre la justificación y las intervenciones propuestas en la Propuesta de Préstamo del Banco, se advertía que «los principales retos sectoriales en
la Provincia de Entre Ríos se concentran en incrementar la cobertura y mejorar la calidad del servicio de cloaca y, en particular, del tratamiento de las aguas residuales14, reduciendo inequidad en el acceso y fomentando la mejora en la calidad ambiental urbana de las ciudades ribereñas al río Uruguay, así como en mejorar la gestión de los operadores. En este sentido, para resolver la problemática sectorial y mejorar la calidad de las aguas internacionales del río Uruguay, la presente operación propone el financiamiento de proyectos de saneamiento en las principales ciudades ribereñas, que permitirán remover más de 6.600 ton/año de materia orgánica de las aguas residuales vertidas al río, incluyendo acciones de mejoramiento de las capacidades operativas y de gestión de los operadores de los servicios».

De las cinco ciudades incorporadas en aquel programa, solamente Gualeguaychú tiene una planta de tratamiento de efluentes operativa y su proyecto de ampliación quedó también en stand by. Concepción del Uruguay, Colón y San José, tienen distinto grado de avance.

El programa preveía un crédito de US$ 80 millones para las cinco ciudades. El proyecto local tuvo dos llamados a licitación, en 2021 y 2022, pero no llegó a concretarse. En 2024, la Unidad Ejecutora Provincial reconoció que el costo de la obra excedía los recursos disponibles y que era necesario rediseñarla. A octubre de 2026, no hemos localizado una nueva licitación para su construcción.

En el mismo período, Salto, inauguró su planta de tratamiento de efluentes domésticos en octubre de 2019, con una inversión de US$ 32 millones. La diferencia resume una deuda ambiental y de infraestructura que sigue pendiente.

El proyecto original no fracasó por falta de financiamiento aprobado, sino que no pudo concretarse dentro de un fondo compartido por cinco ciudades. La explicación oficial fue que el costo de la planta de Concordia absorbía una proporción demasiado alta de los US$ 80 millones disponibles. Incluso la única oferta presentada en la primera presentación, superaba todo el presupuesto del programa para las cinco ciudades.  

Las tres decisiones que explican el estancamiento

La cronología permite identificar tres momentos en los que el proyecto cambió de rumbo.

Primera decisión: concentrar el tratamiento en una sola planta

La propuesta licitada en 2021 y 2022 consistía en construir una planta única para toda Concordia, incluidos Villa Adela y Benito Legerén. Los colectores existentes y los nuevos confluirían en una estación principal de bombeo, desde la que los líquidos serían impulsados hasta la planta, situada al sur de la ciudad, cerca de la desembocadura del arroyo Yuquerí Grande en el río Uruguay.

El diseño respondía también a una limitación de la infraestructura existente: la planta de Villa Adela había quedado demasiado cerca de áreas urbanizadas por el crecimiento de la ciudad.

Segunda decisión: volver a licitar sin resolver el problema de costos

En diciembre de 2022, el Gobierno anunció dos ofertas para una obra presupuestada en $5.734,8 millones. Sin embargo, el proceso no terminó en una adjudicación. En febrero de 2024, Cusinato explicó que el proyecto debía revisarse porque su costo original representaba alrededor del 40% del financiamiento total de US$ 80 millones.

Ese porcentaje es una aproximación basada en los US$ 32 millones equivalentes al presupuesto original.

Tercera decisión: separar el proyecto de la financiación original

En 2023, la provincia ya había convocado a consultoras para elaborar un anteproyecto actualizado y preparar documentación para licitar las obras por etapas. En 2025, la explicación oficial pasó a incluir la gestión de un nuevo crédito internacional.

Aquí aparece la cuestión más importante: el problema dejó de ser solamente cómo contratar la obra con el financiamiento original y pasó a ser cómo conseguir recursos para hacerla viable. A octubre de 2026, según la información disponible y tu entrevista con Cusinato, ese cambio de estrategia no se tradujo en una solución concreta.

1. Primera licitación: la oferta triplicó el presupuesto

Licitación Pública Internacional 01/2021 · Préstamo BID 4822/OC-RG

El informe de resultados oficial indica que la oferta única fue rechazada por superar ampliamente el presupuesto destinado a la obra.

La diferencia es contundente:

Este dato permite precisar la explicación posterior de Cusinato. No se trató únicamente de que la planta consumiera el 40% de un programa de US$ 80 millones: la única oferta recibida en el primer llamado superó por sí sola el total de ese financiamiento.