El Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García, y los fiscales que actuaron en la causa que condenó en primera instancia a un grupo de policías por el delito de sedición, fueron denunciados por los mismos condenados por haber omitido la orden del tribunal que los condenó el año pasado que exigía que se investigue las responsabilidades en la misma causa de otros policías, de la jerarquía policial y de las autoridades políticas de ese momento.
La denuncia que ingresó con fecha 1º de marzo en la Mesa de Entradas de la Fiscalía de Concordia está firmada por Daniel Chávez y avalada por un grupo de 9 funcionarios policiales también condenados en el mismo juicio.
La presentación afirma que en la sentencia condenatoria del tribunal integrado por los jueces Barbagelata, Gallo y Perroud se destaca “que surgió evidente en el transcurso del debate, en tanto se advirtió la conducta ilícita, típica, antijurídica y culpable de los encartados fue «prima facie» acompañada, avalada y/o consentida por otros muchos funcionarios policiales, incluso realizando actos de igual naturaleza”.
“Se observa también –agrega la sentencia- «prima facie» una omisión por parte de otros funcionarios policiales de mayor jerarquía que los encartados de haber resistido con todos los medios a su alcance la sublevación ocurrida en la ciudad de Concordia lo cual deberá analizar el Ministerio Público Fiscal, si las misma no encuadran – en el mejor de los casos- en el segundo párrafo del art. 235 del Código Penal que establece: «los funcionarios públicos que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno a seis años», delito autónomo a los aquí investigados».
En la denuncia ante la Fiscalía, los policías condenados dicen además “que pese al tiempo transcurrido y de ser de alguna manera las víctimas del accionar que se manda a investigar, ninguna noticia tenemos sobre si se comenzó alguna investigación, si se desestimó y/o no se piensa hacer nada”.
Expresan que “en el caso existe un panorama claro y contundente, en tanto los días 8 y 9 de diciembre de 2013 inclusive el Procurador García – tal como se lo hice saber en carta documento- fueron testigos de muchos actos de funcionarios incluyendo Gobernador, Ministro de Justicia, Jefes Policiales y otros. Esos actos «negativos» de no accionar para impedir, son responsabilidad de dichos Funcionarios Policiales y políticos y en el caso entendemos no es ajena la Procuración en tanto sin perjuicio de estar en conocimiento minuto a minuto de lo que sucedía ninguna medida dispuso”.
Remarca que “sin perjuicio de que nosotros nunca cometimos el delito de sedición, la investigación y la suerte de las personas que deben investigarse está ligada directamente a la nuestra y eso no se puede ignorar”.
Dice Chávez que “hasta el momento y según hemos averiguado nada se ha realizado en procura de determinar la responsabilidad de los aludidos, todo se agrava en tanto vemos que los mismos hoy han asumido cargos de responsabilidad en el Estado Provincial y en altos mandos de la Policía de Entre Ríos, mientras que en la Procuración ni siquiera hemos logrado nos respondan a la Carta Documento en donde pedíamos explicaciones a García”, enviada con fecha 23 de diciembre.
Advierte que “en el caso de nuestra condena tiene directa relación con la declaración de los Jefes en cuestión, de los Políticos y de la Procuración que con mando sobre la estructura policial no actuaron y luego nos terminaron acusando”.
Agrega que “vemos con preocupación que todo se encuentre paralizado de una manera visiblemente contraria a lo realizado con nuestra causa que casi a diario los Fiscales y el Procurador hacían declaraciones de todo tipo”.
“No se trata de un capricho de nuestra parte –advierte- el realizar la imputación que ahora hacemos, pero es evidente que si el Tribunal Oral que nos condenó entendió lo que entendió, alguna respuesta deberíamos haber tenido”.
Deja aclarado “que esta denuncia es independiente a la de falso testimonio que se debe investigar y atribuimos a varios funcionarios que declararon en el juicio y lo hicieron de manera contraria a lo hecho en el sumario administrativo y con la deliberada intención de perjudicarnos”.
Asegura que “en esta causa somos víctimas pues: somos el sector más débil de la Policía y por ello nos persiguieron, encarcelaron y luego de un muy cuestionado juicio nos condenan.
La condena se funda de manera especial en las declaraciones de los Jefes y Políticos que según el tribunal han cometido delitos y consecuentemente son parte interesada en nuestra condena para tapar su accionar irregular y delictivo según lo expresa el fallo ya aludido.
Demás está decir que la sentencia mencionada se descalifica por sí misma al sostener lo que ya hemos dicho, es decir se nos condena por los dichos de los interesados y a quienes se los termina calificando de delincuentes.
No es menor la responsabilidad de la Procuración que desde el mismo inicio de los hechos estuvo monitoreando todo y hasta el mismo Procurador General en el lugar sin absolutamente nada disponer, lo cual en definitiva es la conducta delictiva que el Tribunal de Juicio entiende debe ser investigada.
Teniendo en cuenta como deviene la presentación de esta denuncia, se torna evidente que la misma se realiza contra todos los integrantes de la Plana Mayor de la Policía de Concordia en la fecha de los hechos, al igual que los integrantes de la Plana Mayor de la Policía de Entre Ríos- Jefatura- con intervención directa en los hechos y en especial a quienes han declarado la negativa de actuar en la ocasión y por supuesto de las autoridades de quienes dependen estos funcionarios a nivel político y conforme lo señala la Constitución Provincial y leyes que regulan el funcionamiento del Ministerio Público en la Provincia de Entre Ríos”.
