En la licitación del Tramo Mesopotámico se presentaron únicamente dos ofertas. Una de las dos oferentes es la misma empresa que, según la propia Dirección Nacional de Vialidad, mantiene una obra prácticamente paralizada en Entre Ríos desde hace dos años y medio.
El Ministerio de Economía avanzó esta semana con la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, el programa de privatización de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales en once provincias que el gobierno de Javier Milei impulsa para completar la transferencia de más de 9.000 kilómetros de la red vial troncal del país a la administración privada. Dentro de ese proceso está el Tramo Mesopotámico, que incluye 276,11 kilómetros de las Rutas Nacionales 12 y 18 en territorio entrerriano, entre Paraná y Puerto Yeruá, y entre Crespo y Paraná. La revisión de la Resolución 1024/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, permite establecer un dato que no había trascendido hasta ahora: al Tramo Mesopotámico se presentaron únicamente dos ofertas, muy por debajo del promedio de participación en los demás tramos, y una de las dos oferentes es la misma empresa que, según la propia Dirección Nacional de Vialidad reconoció a ANÁLISIS, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de este medio, mantiene una obra vial prácticamente paralizada en Entre Ríos desde hace dos años y medio.
La resolución 1024/2026, firmada por el ministro Luis Caputo el 20 de julio, aprobó la primera etapa -la evaluación de antecedentes y calidad de los oferentes- de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0001-LPU26, que había sido convocada en febrero de este año mediante la Resolución 174/2026 para privatizar ocho corredores de la Red Vial Nacional bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje de la Ley 17.520. Según el propio texto de la resolución, se presentaron en total veintidós oferentes, que formularon cincuenta ofertas para el conjunto de los ocho tramos. La Comisión Evaluadora del Ministerio de Economía desestimó únicamente las dos ofertas presentadas por el consorcio Compacto S.A.-Edmacar Constructora Vial S.A.-Tolcon S.A., para los tramos Centro y Cuyo, tras rechazar además una impugnación que esa firma había presentado contra su propia descalificación, lo que le costó la pérdida de la garantía de impugnación constituida en efectivo. El resto de las ofertas fue precalificado, habilitando a las empresas a competir en la apertura del sobre económico, realizada el 22 de julio a través de la plataforma Contrat.ar.
Mientras que tramos como el Centro Norte o el Noroeste reunieron entre seis y diez ofertas precalificadas cada uno, el Tramo Mesopotámico -el único con territorio entrerriano- quedó reducido a apenas dos oferentes en danza. La segunda oferente, CPC S.A., es además la única empresa de las veintidós participantes que presentó ofertas para la totalidad de los ocho tramos de la Etapa III, de punta a punta del país: Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. Se trata de un patrón de concentración empresaria que excede largamente a Entre Ríos y que da cuenta de cómo un número acotado de compañías se reparte la totalidad del proceso de privatización de la red vial nacional.
La otra oferente ya tiene una obra frenada en la provincia
La primera oferente por el Tramo Mesopotámico, IEB Construcciones Sociedad Anónima -la denominación que actualmente utiliza la firma conocida históricamente como Dycasa-, no es una desconocida para el entramado vial de Entre Ríos. Según la propia Dirección Nacional de Vialidad informó a este medio en respuesta a un pedido de acceso a la información pública sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia, esa empresa es la contratista de la obra de Circunvalación de Paraná, sobre la Ruta Nacional 12, entre Saucesito y Almafuerte. Esa obra registraba, según el propio organismo, un avance físico del 76,23 por ciento en diciembre de 2023 y apenas del 76,24 por ciento en abril de 2026: es decir, una centésima de avance en dos años y medio, con el contrato en trámite de cierre por limitación. Es, en otras palabras, una de las obras heredadas de gestiones anteriores que la actual administración de Vialidad Nacional reconoce formalmente paralizada.
La coincidencia no es menor: la misma empresa que arrastra una obra sin avanzar en Entre Ríos, sin que a la fecha se conozca una resolución definitiva sobre su situación contractual, está ahora en carrera para quedarse con la concesión por peaje de otro corredor estratégico de la misma provincia, bajo un esquema donde el Estado nacional delega en el concesionario privado la responsabilidad íntegra de construcción, explotación, conservación y mantenimiento por veinte años.
A diferencia de lo ocurrido en los tramos Oriental y Conexión de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones -ya adjudicados y en ejecución sobre las Rutas Nacionales 12, 14, 135, 117 y 174 en Entre Ríos, con Pitón S.A. y Pietroboni S.A. integrando los consorcios ganadores-, ninguna de las dos firmas se presentó como oferente para el Tramo Mesopotámico en esta Etapa III. Sí aparecen, en cambio, disputando otros seis de los ocho tramos de esta etapa en el resto del país: la unión Rovial-Obring-Pitón-Edeca compite por los tramos Centro, Centro Norte y Noroeste; la unión Pietroboni-Merco Vial-Frontera, por Centro Norte y Noroeste; y la unión Pitón-Rovial-Obring, por Litoral y Chaco-Santa Fe. El binomio que este medio ya identificó como contratista recurrente de la obra pública vial entrerriana, con integrantes procesados en la Causa Cuadernos por asociación ilícita y confesión de pago de sobornos, continúa entonces expandiendo su presencia en el mapa nacional de concesiones viales, aunque esta vez no haya avanzado sobre el tramo que atraviesa Entre Ríos.
Con la apertura del sobre económico realizada el 22 de julio, el proceso licitatorio ingresa en su instancia definitoria: el Ministerio de Economía deberá evaluar las tarifas de peaje propuestas por cada oferente y resolver la adjudicación de cada uno de los ocho tramos, incluido el Mesopotámico. Tratándose de solo dos oferentes en competencia por el corredor entrerriano, la definición se reduce a una disputa directa entre IEB Construcciones -con una obra vial paralizada en la provincia según los propios registros de la DNV- y CPC S.A., la única empresa presente en los ocho tramos del país.
