Un extraño episodio ocurrió ayer martes por la mañana en el Centro Provincial de Convenciones. A las 11, en ese lugar se desarrollaría una reunión entre el gobierno que conduce Gustavo Bordet y los gremios Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). Cuando estaban todos los funcionarios y los representantes gremiales -sólo faltaba llegar el gobernador-, los integrantes de UPCN se levantaron y se fueron, impidiendo el normal desarrollo del encuentro, porque la ministra de Salud, Sonia Velázquez, hizo respetar la medida de restricción que tiene con el diputado José Ángel Allende, luego que lo denunciara en la Unidad Fiscal de Violencia de Género por hostigamiento.
Por eso, en forma unánime y detrás de su máximo conductor en la provincia, UPCN se fue del lugar. “Esto es muy grave, ahora estamos discutiendo en comisión para resolver qué hacemos”, dijo el secretario general de ATE. “El encuentro fue suspendido cuando UPCN se fue y todavía no hay fecha para realizarlo, dejando a 75.000 trabajadores entrerrianos presos de un conflicto con el que no tienen nada que ver”, lamentó.
Velázquez asistió este martes a la reunión con los gremios ATE y UPCN, convocada por el gobernador Gustavo Bordet. El encuentro iba a ser en el Centro Provincial de Convenciones desde las 11. A ese lugar también acudió el titular de UPCN, José Ángel Allende, pese a que tiene una medida de restricción impuesta por el juez Mauricio Mayer, en el marco de la denuncia por hostigamiento que realizó la funcionaria de Salud.
El juez de Garantías número 4, Mauricio Mayer, impuso la medida al diputado Allende por un plazo de 90 días, bajo apercibimiento de que su incumplimiento podría dar lugar al inicio de una causa penal por el delito de desobediencia judicial. Por ende, se le prohibió acercamiento a la ministra Velázquez en un radio inferior a los 200 metros de su vivienda y a cualquier lugar público o privado en que la misma se encuentre. Pero, a su vez, se le prohibió la realización de actos violentos, molestos o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar, por sí o por interpósita persona y por cualquier medio.