El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos solicitó ayer la inmediata detención del ex ministro de Comunicación, Pedro Báez, para que sea derivado a la Unidad Penal número 1 de Paraná y la prisión preventiva del ex gobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera. De no suceder esto último, los fiscales pidieron que se prohíba que ambos puedan salir del país, además del pago de cauciones, en el marco del Megajuicio por delitos de corrupción, en la que Báez, Urribarri y Aguilera están condenados a prisión efectiva.
Fiscalía entiende que quedó firme la condena contra Báez dado que su defensor, Ignacio Díaz, no recurrió la Queja interpuesta ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En tanto, los fiscales del megajuicio solicitaron una caución real o prisión preventiva y que se prohiba salir del país al exgobernador Urribarri y su cuñado Aguilera.
Megajuicio y condenas
Urribarri fue condenado a 8 años de prisión en el marco del megajuicio por corrupción. Se lo consideró responsable de delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la administración pública y peculado.
Se lo juzgó entre 2021 y 2022 junto a otros funcionarios y particulares vinculados a contrataciones del Estado provincial durante sus gestiones de gobierno. Entre los condenados de mayor jerarquía por el cargo y rol que desempeñaron estuvo el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, llevaron adelante la acusación en el debate oral que se desarrolló durante varios meses. En el inicio del juicio también estuvo la exprocuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, que fue posteriormente apartada por orden del Jurado de Enjuiciamiento. Lo que ocurrió es que, poco antes del inicio del megajuicio, Goyeneche fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento por su desempeño en otra causa por corrupción, los “contratos truchos”. En algunos ámbitos judiciales y políticos siempre se entendió esa denuncia y apartamiento como una especie de “vendetta” por la conducción de las investigaciones.
Los representantes de la acusación pública ventilaron en el megajuicio cinco causas acumuladas por corrupción durante las gestiones de Urribarri: una contratación del Estado provincial a varios medios nacionales para publicar un posicionamiento político contra los fondos buitres, con dinero público; las contrataciones constantes de servicios publicitarios y de cartelería a empresas armadas por Juan Pablo Aguilera; la instalación de un parador playero en Mar del Plata con dinero público que tuvo como finalidad la promoción de la candidatura a Presidente del exgobernador; la contratación de espacios publicitarios en medios nacionales para la difusión de la imagen de Urribarri, en el marco de su campaña presidencial; y la contratación de carteles en rutas de Buenos Aires también para la difusión de la imagen del exgobernador.
Fuente: Análisis Digital
