Federico Tomás prestó juramento ayer al frente del Tribunal de Cuentas de manera provisoria hasta que se determine quién conducirá el organismo de control a través de los mecanismos constitucionales. El acto se realizó en la sede del Tribunal y contó con la presencia de representantes de todo el arco opositor en la provincia ya que ha sido un tema de mucho interés para la clase política disidente al oficialismo provincial. Tomás estará al frente de manera provisoria hasta que, luego de la correspondiente reglamentación, la decisión de quién conduce dejó de ser potestad arbitraria del Ejecutivo.
Un gesto político importante ocurrió en la ceremonia en la que Tomás juró para presidir el Tribunal de Cuentas, ya que legisladores de Cambiemos, diputados del Frente Renovador, senadores del oficialismo e integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) acompañaron a Bordet en el acto en el que firmó el decreto por el que se dio otro paso para transparentar el funcionamiento de la institución que se ocupa de controlar las administraciones del Estado.
Bordet y Tomás coincidieron en la importancia republicana de la designación transitoria, ya que dejó de ser una potestad arbitraria del Ejecutivo a partir de la puesta en vigencia de la Ley 10.436 que reformó el artículo 18 de la Ley 5.796, que fija que será el abogado con mayor antigüedad quien presidirá de forma interina el organismo ante la ausencia del presidente, y reglamentó la Constitución para designar funcionarios en órganos de control mediante concurso público, según publicó Aim Digital.
Se llegó al nombramiento “en un marco de gran madurez política para sancionar una norma que encontró una solución desde lo institucional”, destacó Bordet, ante la sombra de investigaciones a funcionarios de primera línea por corrupción en el Estado entrerriano, a meses de la renuncia del expresidente, Guillermo Smaldone, quien también era cuestionado judicialmente por su designación por su vínculo con autoridades del STJ y con el gobierno de Sergio Urribarri.
“Se estableció un mecanismo que no cubre la circunstancia, sino que dejó sentado cómo cubrir casos de vacancia hacia el futuro y, de ese modo, dar previsibilidad a las instituciones”, subrayó el gobernador, quien aclaró que la designación no es ajena “al gobierno que se implementa desde el primer día de gestión, interpretando el mandato popular que dieron los entrerrianos, construyendo en conjunto, con todos, sin excluir a nadie”.
“Este es el camino que signará a nuestra gestión de gobierno y marcará el tiempo que nos queda de mandato y en honor a este compromiso, en un plazo perentorio, se trabajará para que se realicen los concursos necesarios para cubrir las vacantes que faltan, dando cumplimiento a la Constitución y con el convencimiento de que necesitamos, todos quienes tenemos responsabilidades de lo público, tener un organismo de control consolidado, independiente, que nos audite permanentemente y nos marque dónde puede haber falencia para rectificarlas y realizar las sanciones en el caso de que esto sea pertinente, porque esto hace a la calidad democrática”, agregó el mandatario provincial.
En ese marco, adelantó que su gestión evalúa mecanismos de control más agiles, “para poder anticipar los hechos”, por lo que consideró que habrá “avances determinantes, porque también cambiaron las condiciones de actuación de lo público por los avances tecnológico, lo que requiere nuevos y mayores esfuerzos con un solo objetivo: tener transparencia en nuestras gestiones de gobierno”, apuntó.
Conducir la transición “con responsabilidad, honestidad y transparencia”
Tomás dijo que asumió el desafío de conducir la transición “con la responsabilidad, honestidad y transparencia” de las que dio muestra en todos los ámbitos en los que se desempeñó, y aclaró que no está solo en este proceso sino que lo encarará con su familia, amigos, colegas y trabajadores del Tribunal de Cuentas.
Más allá de lo coyuntural, el abogado dejó en claro la importancia histórica de la designación: “Hoy no es un día más para los organismos de control de la provincia de Entre Ríos, la Ley 10.436 recientemente sancionada, al reglamentar el nombramiento del Tesorero General, del Fiscal General y del Presidente del Tribunal de Cuentas y sus fiscales marcó un hito que, sin lugar a duda, será recordado por nuestra historia política y constitucional reciente, no sólo porque es el punto de partida de un sistema de designación distinto de las autoridades de los órganos autónomos de control sino porque la Ley fue el fruto del consenso de los legisladores provinciales”, subrayó Tomás.
El abogado se mostró convencido de que la política “debe cuidar y proteger a los órganos de control, porque su actividad sirve al mejoramiento del funcionamiento del Estado y la Ley es una muestra de ello”, según se registró.
En ese marco, el presidente interino subrayó que “tampoco es un día más para el Tribunal, ya que hoy se comenzó a transitar el camino que de la Constitución de 2008 y a alejarnos de la de 1933; en poco tiempo más no sólo tendremos nuestros fiscales nombrados por concurso y con el perfil técnico que la nueva normativa requiere sino que tendremos, también, los vocales con representación parlamentaria (uno por la mayoría y otro por la minoría de la Cámara de Diputados) y se profundizará el control de las contrataciones de alta significación económica desde el origen, tal como establece la Constitución”.
Esta germinando un nuevo órgano de control externo, como lo quisieron los convencionales constituyentes de 2008, “todo ello exige una nueva Ley orgánica, por lo que en breve tomaremos contacto personal con los legisladores de todos los bloques porque queremos tener una participación activa en la misma y necesitamos el acompañamiento de los colegios de Abogados y de Ciencias Económicas, a quienes comprometo e invito a que nos acompañen como custodios y garantes de todo este proceso”.
