El empresario publicitario Jesús “Cuchi” Bustamante es, hasta ahora, el único arrepentido en la causa conocida como “de la vaca”, en la que se investiga el direccionamiento de contrataciones de publicidad en vía pública y el pago de coimas en la última etapa del gobierno de Sergio Urribarri, entre 2010 y 2015. El empresario desembolsó al Estado entrerriano casi cinco millones de pesos por los daños causados a la Administración Pública.
El nombre de la causa se debe a que en la investigación se comprobó una burda falsificación de certificación callejera de publicidad: las empresas contratadas hacían un fotomontaje para certificar ante el Ministerio de Comunicación que realizaban la publicidad por la que fueron contratadas. La treta se descubrió porque en las fotos que presentaban siempre aparecía la misma vaca.
La Justicia condenó en un juicio abreviado a Bustamante a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, el pago de una multa de 90 mil pesos; en seis cuotas de 15 mil pesos, y la realización de tareas comunitarias durante dos años por un total de 96 horas anuales.
Además se conoció que el empresario le desembolsó al Estado entrerriano la suma de 4.800.000 pesos por los daños causados a la Administración Pública.
El dato lo reveló el miércoles pasado el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.
“En el juicio abreviado calculaban un perjuicio, pero no había embargo ni nada. Entonces nosotros lo convocamos –a Bustamante- con la sentencia del abreviado y el imputado aceptó el perjuicio y pagó al Estado 4.800.000 pesos”, dijo Rodríguez Signes.
-Lo hizo con un convenio de pago?
-Lo pagó en un solo pago.
JUICIO SUSPENDIDO
El juicio de la “causa de la vaca” iba a comenzar hoy lunes 29 de julio, pero fue suspendido oficialmente el jueves pasado. El aplazamiento se debió a la imposibilidad de asistir a las audiencias por parte del abogado Emilio Fouces, quien se recupera de una intervención quirúrgica.
El debate oral y público aún no tiene nueva fecha, pero de todos modos más tarde o más temprano sentará en el banquillo de acusados al ex mandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados Sergio Urribarri y otros imputados. El Tribunal de Juicio está compuesto por Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola.
El único que no llegará a esa instancia es el empresario Bustamante, quien accedió a un juicio abreviado a mediados de mayo de 2018, en el que admitió haber pagado coimas para participar del negocio del reparto de publicidad oficial callejera durante la administración de Urribarri como gobernador y de Pedro Báez como ministro de Cultura y Comunicación.
Los retornos o coimas se los pagó a empresas que el Ministerio Público Fiscal adjudica al actual secretario del bloque de senadores del peronismo, Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador.
La Fiscalía estableció que entre 2010 y 2015 se contrató un monto de 24 millones de pesos por publicidad en la vía pública, que se distribuyó entre las empresas Tep SRL y Next SRL -ambas se adjudican a Aguilera- y las firmas de Jesús Bustamante, en Paraná, y de Hugo Montañana, en Concepción del Uruguay. La imputación fiscal que admitió Bustamante dice que la mitad de ese monto, es decir 12 millones de pesos, fueron certificados de forma trucha.
