El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, brindó aclaraciones sobre la determinación de apelar la resolución del camarista Hugo Perotti, de la Cámara de Casación Penal, que dio vía a un amparo presentado por diputados de Juntos por el Cambio y ordenó al gobierno dar a conocer, en un plazo de cinco días, el listado de los funcionarios “estratégicos” a los que se les aplicó la vacuna contra el Covid-19.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Rodríguez Signes aclaró que su respuesta “es en termino jurídicos no políticos, porque una cosa es la decisión política y otra cosa es la situación jurídica”. “Desde el punto de vista jurídico recibimos una demanda de amparo firmada por un grupo de diputados que no solamente exige determinada información sino que formula un juzgamiento y dice ‘los que fueron vacunados por fuera del Plan Rector del Ministerio de Salud de la Nación’, no es que sea una petición neutra sino que esta carga de una imputación, de un obrar irregular por parte de la administración, cosa que de ninguna manera podemos consentir”, explicitó.
Agregó que “se contestan absolutamente todos los amparos que se presentan, en absolutamente todos nos debemos oponer a la acción, salvo que el gobernador de la provincia en determinados casos muy puntuales que prácticamente no han existido en los últimos cuatro o cinco años, nos autorice a allanarnos frente a la pretensión, que no es este el caso”.
Puntualizó que “en tercer lugar hay razones de tipo técnico, ya que cuando se presenta un amparo se usa ese canal exclusivamente porque el proceso es excepcional –violación de derechos constitucionales flagrante que requiere tratamiento urgente- y en este caso los actores –que son todos diputados- habían ejercido ese derecho habiendo convocado a la ministra de Salud en interpelación, quien fue a la Cámara de Diputados, dio las razones, explicó cuál ha sido la política en materia de vacunación de la provincia, el régimen jurídico también, y después los diputados presentaron un pedido de información pública ante el gobernador de la provincia es decir que fueron por otra vía, y deberían haber agotado esa instancia porque así lo exige el procedimiento, pero sin embargo fueron por el amparo”.
“Hay razones formales, que nosotros siempre sostenemos para oponernos a que haya prosperado esa acción, y ahora apelamos por esas mismas razones y será el Superior Tribunal de Justicia el que decida el caso finalmente y lo que se decida, hará la provincia”, resumió.
Ante este panorama, dijo que no le “preocupa” la situación porque “esto en una semana se resuelve ya que el Superior tiene un plazo exiguo para resolver el caso, no hay que producir pruebas, es un caso de puro derecho”.
Analizó que “no se trata de una demanda que solamente pida la lista de funcionarios, sino que además hay una pretensión cargada de una imputación entonces no se puede consentir, después si se da a conocer la lista o no es otra decisión, pero el Superior debe resolver este caso en el sentido en que fue planteado”.
RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA
En otro orden de temas, Rodríguez Signes ratificó que “en este caso hay una adhesión o acatamiento absoluto al decreto nacional, no fue como en otras ocasiones en que la provincia tenía un margen para determinar horarios de circulación o actividades que se excepcionaban sino que ahora se aplica el decreto nacional hasta el 30 de mayo”.
Aseveró que “allí lo central es ver cómo evolucionan los dos indicadores estadísticos que tiene esta situación: la tasa de contagios –cantidad de contagiados de los últimos 14 días respecto de os 14 anteriores- y la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes”.
Reconoció asimismo que “esta situación pone en jaque a toda la sociedad, a todos, y especialmente a los que no tienen ayuda económica por parte del Estado y están atravesando una situación económica crítica, cuando no han cerrado sus puertas”.
También destacó que “si se cumple con la información de que antes de que termine mayo deben llegar 4 millones de dosis más de vacunas al país, de las que a Entre Ríos le corresponde aproximadamente el 3%, es suficiente para vacunar prácticamente a todas las personas de riesgo cualquiera sea la edad que tengan, y para comenzar a vacunar a cierto segmento poblacional de 55 años para arriba y eso es fundamental para bajar la curva de contagios”.
Aclaró que desde Fiscalía no se actúa ante el incumplimiento de las restricciones pero “sí se sabe que la policía constantemente está actuando” y al destacar un cambio en la conducta de la ciudadanía que este fin de semana largo cumplió en mayor medida las nuevas disposiciones, el fiscal mencionó que “hay muchos casos muy cercanos e incluso fallecimientos en la administración pública como el contador (Edgardo) Tentor del Tribunal de Cuentas”.
“Hay casos que nos tocan muy de cerca a cada uno en su espacio, en el Tribunal de Cuentas hubo dos fallecimientos y en Fiscalía tenemos mucho personal contagiado y la cantidad de casos está impactando, es visible, es concreta y las personas están siendo más cuidadosa”, reflexionó para culminar.
