Vecinos argentinos y uruguayos que tienen familia y vida repartida entre Salto y Concordia, se mantienen a la espera de una respuesta de las autoridades de ambos países para atender los problemas humanitarios que genera el cierre de esta frontera. No descartan la posibilidad de recursos de amparo ante la incertidumbre que viven.
Ciudadanos que por haber formado sus vidas con vínculos familiares, comerciales, laborales y económicos entre ambas orillas del Uruguay, hoy viven con muchas dificultades el cierre de la frontera y no alcanzan las medidas que dictan desde los dos países para solucionar racionalmente este problema.
Desde el mes de junio vienen trabajando en forma conjunta y nucleados como grupo más de 170 ciudadanos de Concordia y Salto que ven vulnerados sus derechos de tránsito y circulación a raíz de la inhabilitación para cruzar libremente entre ambos países desde el inicio de la pandemia.
Una de las integrantes del grupo “Del Salto a la Concordia”, Graciela González dialogó con NOTICIAS y explicó que si bien comprenden absolutamente las medidas sanitarias adoptadas al igual que la dimensión mundial que tiene la pandemia, hoy les urge “una decisión del gobierno nacional que tenga en cuenta las necesidades humanas vulneradas y que principalmente muestre coherencia y conocimiento territorial de esta región del país”.
“Merecemos un trato especial por ser ciudadanos que hemos formado nuestra vida entre ambos países y hace seis meses nos quedamos coartados en muchos aspectos para poder ir y venir entre las dos ciudades. Lo que pedimos tiene fundamento y está documentado ya que disponemos de una base de datos en la que detallamos las realidades de estas personas que no responden a caprichos y solicitudes sin sentido, sino que es un pedido que exige racionalidad y queremos ser escuchados”, indicó la representante del grupo.
“Lo que proponemos es viable sanitariamente”, indicó otra ciudadana
Según precisó otra de las damnificadaspor ser uruguaya pero residir hace muchos años en Concordia, Flavia Porta Nuñez: “hemos elevado esta solicitud a las Cancillerías de Argentina y Uruguay a través de los Consulados, también a los intendentes, al gobernador de la provincia, a los presidentes de ambas naciones, al Ministro de Salud de la Nación, pero aún no tenemos respuestas”. Este grupo de vecinos fronterizos propone flexibilizar el protocolo actual en lo que respecta a los requerimientos de hisopados negativos para ingresar y nuevamente a los pocos días repetirlo para volver, ya que implica un costo económico muy alto. Además según se rige actualmente una vez que ingresan al Uruguay deben permanecer 7 días en aislamiento y para regresar deben hacerlo sólo a través de Puente Internacional General San Martín en Fray Bentos y pasar por Gualeguaychú ya que es el único paso habilitado desde el Uruguay. “Nos resulta ilógico ya que incluso Gualeguaychú es considerada zona de circulación comunitaria del virus, mientras que en Concordia y Salto existen menos casos de covid-19. Esto al mismo tiempo supone un costo de viaje elevado ya que desde Salto deben hacer 500 kilómetros para regresar. “No tiene ni pies ni cabeza y lejos de darnos una solución, nos coarta en nuestras posibilidades”, admitó Porta Núñez.
“Necesitamos que sean razonables y se comprometan con nuestra situación”
Por su parte otra ciudadana que ejerce como docente universitaria tanto en Uruguay como en Argentina, María Gabriela Tamaño insistió en que “este pedido está fundado en la desconsideración y desconocimiento que vemos que tiene la dirigencia política de los dos países sobre la realidad territorial y los lazos de vecindad que nos unen”. Al mismo tiempo reconoció que dejaron estas peticiones en manos de “actores locales con posición cercana al gobierno, que incluso por ser habitantes de esta región deberían saber que lo exigimos es totalmente válido y cierto y sin embargo aún no tenemos respuestas”. En este sentido contó que el grupo formado por más ciento cincuenta personas recurrió al funcionario Enrique Cresto para entregar al Presidente de la Nación esta demanda humanitaria, y también el senador Edgardo Kueider elevó el mismo pedido al Gobernador de la Provincia.
Se deshumaniza la situación ante tantas trabas y la incertidumbre de no saber cuándo esto termina los lleva a buscar alternativas y alguna solución rápida que incluya al menos dos o tres días con horarios restringidos para poder ir y volver.
“No descartamos presentar recursos de amparo cuando vemos tan vulnerados nuestros derechos como vecinos fronterizos”
En la narración de los inconvenientes a los que se enfrentan desde hace seis meses estos vecinos aparecen testimonios que reflejan cierta desmesura en las decisiones que toman ambos Estados.
“Nos encontramos en un punto muerto con la cuesta por delante. Queremos poner sobre la mesa estas realidades de vida que implican cuestiones de salud, de trabajo, de economía que se ven muy vulneradas y ante la falta de respuesta y coherencia no descartamos realizar recursos de amparo que atiendan a cada caso en forma personal”, explicó Luis Grosso quien está residiendo en Uruguay desde marzo pero con compromisos familiares y laborales también del otro lado de la orilla.
En este aspecto Grosso precisó que están solicitando algún trato parecido al que tienen habitantes en zonas fronterizas de Uruguay y Brasil, donde se tienen más en cuenta las particularidades del tránsito vecinal y los estilos de vida que generan estos vínculos binacionales.
Relatos que reafirman la urgencia para transitar por la frontera
La lista de relatos y testimonios es larga y refleja en todos los casos las peripecias y angustias en las que se ven envueltos.
Patricia Ocampo tiene a su madre de 81 años a su cargo en Concordia y debe cobrar la jubilación mínima tanto en Argentina como en Uruguay ya que trabajó en ambos países y por convenio internacional es así. “Hace meses que no puedo ir a cobrarle esta mitad de su jubilación y tenemos una necesidad económica importante que no tiene respuestas”, narró.
Guillermina Mierelleses viuda de un argentino y tiene una hija argentina de 20 años autista con sus terapias en Concordia, por lo que siempre necesita acompañamiento para desempeñarse. “Yo trabajé siempre en Salto viajando todos los días desde Concordia y desde el 14 de marzo no pude trabajar más. Entiendo que es injusto no nos traten como ciudadanos de frontera. Nosotros tenemos nuestras vidas que se han entrelazado en las dos orillas y no logramos ser contemplados en nuestros derechos más humanos como son salud, familia y trabajo”.
Doris Correa es uruguaya y está en pareja con un concordiense desde hace nueve años, al que no ve ya que quedó ella en Salto separada de su esposo. “Pedimos que nos den el mismo trato que los habitantes de ciudades integradas fronterizas dónde tenés vida en las dos ciudades, con un protocolo sanitario especial para resolver algunas situaciones y tramites importantes”.
Carlos Medina es uruguayo y reside en Concordia hace varios años. Tiene parte de su familia en ambas ciudades y viajaba diariamente a su trabajo en Salto pero desde marzo debió permanecer en Concordia hasta que vio comprometida su fuente laboral y en estos días se fue al Uruguay pero con la incertidumbre no saber cómo continuar lejos de su familia.
Graciela González vive en Concordia y tiene a su madre de 77 años a su cargo, mientras que en Uruguay está su esposo en tratamiento de diálisis y a la espera de un trasplante de órganos y esta situación se podría ver más contemplada si pudiese obtener un permiso para agilizar su tránsito entre ambas ciudades para asistir y acompañar a sus familiares cercanos.