Concejal denuncio que “el Municipio de Chajari vendio de manera ilegal terrenos en termas a vecinos del poder local”

El Bloque de Concejales de la UCR anunció de la presentación de Proyecto de Ordenanza para anular adjudicaciones directas de Terrenos en Termas, que a decir del concejal, podrían constituir delito. Además aclara que paralelo a la presentación en el Concejo, hará las presentaciones correspondientes en la Fiscalía local. 

“La gestión del Intendente Panozzo parece relucir por un lado, pero por otro, deja al descubierto la discrecionalidad con la que administra el Municipio y las oscuras maniobras, en lo que tiene que ver con la administración de los fondos y los bienes públicos”, manifestó la concejal Lena.

Al respecto agregó: “en esta ocasión el tema en cuestión es la venta ilegal, a precios irrisorios, de terrenos municipales a particulares que tienen un estrecho vínculo con las autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo local”.

La denuncia, promovida por concejales de la oposición deja al descubierto una maniobra por intermedio de la cual el Municipio, luego de dos llamados a licitación, vendió bienes del Estado sin la mayoría especial que determina la Ley de Municipios y, aún más, lo hizo de manera directa aplicando una ordenanza que rige para las compras y no para las ventas de bienes municipales.

De esta manera, tras un proceso licitatorio de dudosa difusión pública, quienes accedieron a la compra directa de estos bienes del Estado no son otros que hijos, hermanos, padres y parejas de Concejales y funcionarios de la Municipalidad.-

Probablemente estamos ante un delito grave –dijo Gabriela Lena (UCR- Cambiemos)- quien en la reunión del Concejo de este jueves, conjuntamente con los concejales Rubén Dal Molín, José Fochesatto y Esteban Pezzini, presentó un proyecto de Ordenanza pidiendo la anulación de los Decretos de venta de los terrenos, por su carácter lesivo.

Asimismo la Concejal anticipó que “al margen del trámite que siga el Municipio prepara una presentación para que sea la justicia, por intermedio de la Fiscalía, quien investigue el caso que, a su modo de ver y según las pruebas obrantes, constituiría una maniobra fraudulenta a favor de privados y en contra del patrimonio público”.

«Si no procedo de esta manera estaría siendo cómplice de una situación que evidentemente pareciera constituir un delito público», dijo Lena.