La indecisión política del Gobierno de Alberto Fernández y la ausencia de una política energética, lo llevó a no actualizar el impuesto a los combustibles líquidos durante todo el 2021 y lo que va de 2022, buscando evitar impactar en el precio al surtidor por cuestiones electorales. El Estado ha dejado de recaudar de esta manera U$S 1770 millones, una suma que prácticamente anula el efecto de la “quita de subsidios”. El Gobierno no quita subsidios, los cambia de lugar.
