Nota de Jorge Riani publicada por el diario La Nación
(Por Osvaldo A. Bodean, publicado por www.elentrerios.com) Por estas horas, la tramitación del Jury contra la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche salpica a la “prensa”. Nada nuevo bajo el sol. Cuando los medios publicamos cosas que disgustan, la reacción más común, y por ende sin originalidad alguna, es denunciar “operaciones mediáticas”.
La fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, rompió el silencio tras el jury abierto en su contra. Explicó que los vocales del STJ Claudia Mizawak y Daniel Carubia «han demostrado interés en beneficiar y favorecer» al exgobernador y actual embajador Sergio Urribarri y su entorno en la causa de los contratos truchos legislativos, por lo cual el enjuiciamiento está vinculado a esos intereses.
(Por Osvaldo A. Bodean, publicado por www.elentrerios.com) Seis votaron a favor de iniciarle el Jury a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche y uno sólo votó en contra. Eso es matemática, pero poco dice respecto de los fundamentos jurídicos en que se basó cada miembro del jurado de enjuiciamiento.
Mario Armando Moine fue gobernador entre 1991 y 1995. Actualmente integra Entre Todos Entre Ríos (ETER), una fuerza conformada por peronistas, no kirchneristas, que participó activamente en las últimas elecciones dentro de la coalición “Juntos por Entre Ríos”.
El Jurado de Enjuiciamiento unificó las dos acusaciones contra la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, y resolvió abrir una causa en su contra. La votación fue 6 contra 1. El Jury está integrado por tres jueces del Superior Tribunal (Carubia, Carbonell y Mizawak), todos nombrados por gobiernos peronistas. Dos legisladores también peronistas y dos representantes del Colegio de Abogados. El ex diputado provincial Alberto Rotman advirtió que «parece que el Poder Político de la Provincia sabiendo la función que la Constitución le otorga, quiere tener, antes que fenezca su mandato, un Procurador que sea más permeable a sus intereses. Para ello debe comenzar por descabezar al actual, para luego nombrar a quien el Poder Ejecutivo crea conveniente». La Fiscalía Anticorrupción lleva adelante las causas más resonantes por delitos contra la administraciòn pública que involucran al ex gobernador Sergio Urribarri y a legisladores y funcionarios actuales.
